El PSOE, el PP, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, Más País y la CUP han avanzado su apoyo en el Pleno del Congreso a la tramitación de la proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales y acelerar la desclasificación de documentos, una norma que los nacionalistas vascos llevan planteando desde 2016. La Cámara ya había aceptado tramitarla en dos ocasiones, pero los grupos mayoritarios fueron dilatando los trámites y al final nunca llegó a ver la luz.

La proposición de ley, defendida en la tribuna por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, busca establecer un procedimiento para desclasificar documentos históricos declarados secretos en un plazo máximo de 35 años y reservados en 10 años, lo que permitiría sacar a la luz papeles aún ocultos de la Transición, de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 o de la actuación de los GAL.

Ya que tanto el Congreso como el Senado son informados de las materias clasificadas, lo que piden los nacionalistas vascos es «abordar la adaptación de este valor a la sensibilidad social vigente respecto a la transparencia, consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad».

De este modo, plantean que la ley recoja la «obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias clasificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada en el caso sólo de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años».

Además, el texto de reforma contempla la modificación de la Ley de Secretos Oficiales para atribuir «en exclusiva» al Consejo de Ministros la facultad de clasificar una materia y su cancelación. Actualmente pueden clasificar documentos, además del Gobierno, la Junta de Jefes de Estado Mayor, y sólo pueden declarar su cancelación aquellos órganos de la propusieron.

También sugiere suprimir la referencia «a la naturaleza, secreta o no», de las sesiones en que el Congreso o el Senado han de recibir información sobre una materia clasificada, al considerar que ésta es una cuestión que sólo compete a los respectivos reglamentos de estas Cámaras.