Las negociaciones entre la dirección y accionistas de Lufthansa con el Gobierno alemán han sido complejas, pero al final se logró un principio de acuerdo por el que el Estado entraba en el capital de la aerolínea para evitar su quiebra. El efecto de la pandemia del coronavirus ha sido devastador en el sector: aviones en tierra y una perspectiva de recuperación lenta, en el horizonte de los próximos años. Para Lufthansa el impacto parece haber sido más grave que en otros grupos, como IAG, y el dilema era salvamento público o insolvencia.
El Ejecutivo que preside Angela Merkel consiguió el visto bueno de Bruselas al plan de rescate, pero los problemas han surgido en el interior de la aerolínea, es decir, en el accionariado. En los últimos días la compañía ha destacado que existen dudas sobre el apoyo necesario en la junta de accionistas, que se celebra este jueves 25 de junio, al plan. El primer ejecutivo de la compañía, Carsten Spohr, manifestó el pasado domingo que el programa que supone una inyección de 9.000 millones de euros estaba en riesgo porque ahora se enfrentará un umbral más alto de apoyo para conseguir la aprobación final.
El plan precisa que dos tercios de los accionistas lo apoyen para salir adelante. Y en este contexto, la dirección de la empresa se ha desplegado para obtener el beneplácito. El principal escollo tiene nombre: el multimillonario Heinz Hermann Thiele, que controla el 15,5% del capital, equivalente a unos 700 millones de euros. Si el plan de rescate es aprobado, el Estada tendrá el 20% de las acciones ya que entraría con un fuerte descuento. La ayuda pública se complementará con un préstamo de 3.000 millones de euros e una inyección de liquidez por otros 5.700 millones de euros, bajo la fórmula de“aportación pasiva”.
Para los analistas se trata de un preacuerdo muy generoso por parte del Gobierno, pero Thiele mantiene que el Gobierno se convertiría en el dueño (primer accionista) de la empresa y en su gestor. Si impide que el plan se materialice y la compañía se declara en insolvencia perdería su inversión, pero ganaría la batalla política, en la que el CDU (partido de Angela Merkel) parece que ha sido arrastrado por el SPD (socialdemócratas) que defendieron que el Estado llegase al menos al 20% del capital.
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