Cuando queda menos de una semana para que concluya el plazo para que Abengoa alcance un acuerdo con los acreedores -y eludir así el concurso de acreedores-, las entidades financieras que lidera Santander se resisten a implicarse más en el futuro de esta compañía de ingeniería. El grupo de bancos acreedores -del que también forma parte Caixa, Bankia, BBVA y Credit Agrícole- no parece que vayan a dar pasos para ayudar a la compañía sevillana si el Instituto de Crédito Oficial (ICO) no avala un préstamo de 250 millones de euros que necesita sí o sí.

La compañía también ha solicitado liquidez a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), en forma de nuevas líneas de avales revolving por 300 millones, con el objetivo de cubrir las necesidades para el desarrollo del negocio hasta finales de 2021. Si bien la experiencia del ICO con la compañía, en donde ha perdido dinero en la pasada crisis, dificulta el aval.

En un intento de dar una nueva oportunidad para que la empresa evite, en la última instancia, la liquidación y fragmentación, los negociadores se descantan por ofrecer a los acreedores la entrada su capital, que les permitirá tener acceso a los fondos a los que prevé acceder. Ese dinero vendría de los diversos arbitrajes internacionales que la compañía ha interpuesto. Uno de ellos es contra España por el recorte de la remuneración de las renovables en 2012. En total tiene pendientes de pago más de 1.200 millones de euros.

Ahora Abengoa cuenta con un patrimonio negativo por 388 millones de euros, por lo que está en causa de disolución y una deuda financiera por 6.000 millones. Las negociaciones incluyen la reestructuración de esta deuda. Esta situación y otros problemas han provocado que la auditora PwC na haya dado todavía su aprobación a las cuentas de 2019, lo que, a su vez, complica la reestructuración de la deuda y el aval del Estado, aunque los acreedores aceptaron una moratoria de tres meses (hasta el 1 de julio) para el pago de los intereses.