En la industria financiera se identifica al inversor institucional con las grandes carteras de los bancos, compañías de seguros y corporaciones, los fondos de inversión y de pensiones, las SICAVS de las grandes fortunas y los fondos soberanos. Estos inversores pueden pagar medios humanos y tecnológicos que no están al alcance de los particulares. Además, sus inversiones están sujetas a controles exigentes y específicos por parte de los supervisores locales. La crisis financiera ha cambiado los hábitos de muchos de ellos.

Ya no compran aquello que no saben valorar y medir: en general se han acabado los productos estructurados, las opciones exóticas y los hedge funds. El objetivo es evitar el sobreprecio y los riesgos no controlados de las “cajas negras”. Se está poniendo de moda el “catálogo de productos”, es decir, la relación explícita de activos que se pueden comprar y los que se deben evitar.

En renta fija asumen riesgo de crédito de forma controlada, evitando la concentración de emisores y la concentración en el sector financiero y son especialmente exigentes con la diversificación del riesgo soberano. Han reducido casi al mínimo su inversión en deuda subordinada, en participaciones preferentes y en titulización no hipotecaria.

Apuestan por la renta variable como principal fuente de rentabilidad esperada. En bolsa la diversificación internacional y sectorial es obligatoria pero también buscan  los riesgos diferenciales que aportan los países emergentes, los sectores ligados a la tecnología, salud y medio ambiente y las empresas de mediana y pequeña capitalización. Si asumen riesgo divisa, generalmente lo cubren.

Su estrategia de inversión se ha radicalizado: por un lado mantiene un “núcleo duro” de inversiones generalmente conservadoras e indexadas que representa hasta un 80% de su cartera. Al núcleo duro le rodean satélites de oportunidades diversificadas y descorrelacionadas de rentabilidad-riesgo: y aquí cabe de todo siempre que se pueda medir, valorar y controlar con transparencia. De hecho, el control y la gestión del riesgo es el diferencial de los nuevos tiempos.

Los inversores institucionales demandan nuevas prácticas a sus gestores: catálogo de productos, transparencia en los gastos y comisiones, limitación de rotaciones, información y monitorización de riesgos, selección de intermediarios eficientes y baratos e información sencilla, clara y personalizada. Todo ello se recoge en un “mandato de gestión profesional” cuyo incumplimiento lleva implícitas responsabilidades económicas contractualmente consensuadas.

Por último, los inversores institucionales están imponiendo a sus gestores el “control de calidad” de los resultados obtenidos: una práctica escasamente extendida en la industria financiera. Se exige la desagregación de la rentabilidad por fuentes de riesgo: ¿cuánto hemos ganado en renta fija privada, en deuda pública, por los movimientos de divisa, por renta variable emergente…? Se exigen rentabilidades coherentes con los riesgos asumidos: ya no vale ganar “dos” asumiendo un riesgo de “veinte”. Se exige la atribución de resultados a decisiones tácticas y estratégicas: ¿qué me aporta realmente valor, las decisiones de mi gestor o la elección de mi “benchmark”?

El inversor institucional lidera los nuevos tiempos. Las prácticas que está exigiendo a la “industria de generación de rentabilidades” suponen transparencia, profesionalidad, competitividad y honestidad. Esperemos que estas prácticas se extiendan también al inversor particular aunque yo, en este aspecto y por experiencia, soy poco optimista.