Otro de los aspectos a los que dedica el Banco de España en su informe anual es el futuro de los ERTE. Sugiere en su último informe anual favorecer la formación de los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) y permitir, «en algunos casos y bajo determinadas condiciones», compaginar el ERTE con la posibilidad de trabajar en otros sectores o empresas, todo con el objetivo de «no retrasar» la vuelta al mercado laboral de aquellos empleados de los sectores más afectados por la crisis actual.

En su opinión, no va a ser sencillo que aquellos trabajadores, fijos o temporales, que han perdido su empleo en alguno de los sectores más afectados por la crisis puedan recolocarse rápidamente en otros sectores cuya actividad pueda mostrar un mayor dinamismo en los próximos trimestres.

«Se ha documentado que la movilidad potencial de los empleados más perjudicados por la crisis es en general escasa, especialmente en la hostelería y el comercio, debido en parte a la limitada intensidad de uso en estos sectores de las tareas asociadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones, la escritura, la lectura y las habilidades numéricas», apunta.

Por ello, entiende que «podría ser conveniente» impulsar la formación de estos trabajadores y permitirles compatibilizar el ERTE con un trabajo en otro sector o empresa. La institución avisa de que aún no se conoce el grado concreto en el que las medidas de política económica serán efectivas para evitar daños persistentes en el mercado laboral.

En todo caso, afirma que, «dado el carácter relativamente novedoso de los ERTEs de fuerza mayor como instrumento de ajuste del empleo en la economía española», existe una «notable incertidumbre» respecto a cómo acabarán resolviéndose las relaciones laborales afectadas por ellos, «lo que también dependerá de la evolución de la crisis en los próximos meses».

Así, explica que la transición desde los ERTEs de fuerza mayor al empleo no tiene por qué ser necesariamente directa o inmediata, de forma que los trabajadores afectados por ERTEs que acabarán recuperando su empleo «dependerán, entre otros aspectos, de la capacidad de crecimiento de cada sector y cada empresa».

Menor efectividad si la crisis se alarga

El Banco de España señala que, según la evidencia empírica, los esquemas de ajuste temporal del empleo, como los ERTE, tienen una capacidad «relativamente limitada» para proteger el empleo a medio plazo en caso de que se produzcan cambios persistentes en las dinámicas de actividad.

«La literatura económica a escala internacional suele encontrar que la capacidad de este tipo de esquemas para salvaguardar los puestos de trabajo se ve reducida cuando la duración de la crisis se alarga. Este hecho reflejaría que, al menos parcialmente, algunos ERTE pueden retrasar, más que evitar, el proceso de destrucción de empleo en ciertos casos en los que la reestructuración es inevitable», subraya.

En todo caso, precisa que estas evidencias empíricas deben interpretarse con cautela, pues se centran en crisis de naturaleza diferente a la actual, como la de 2008, en la que el ajuste del empleo en ciertos sectores fue «inevitable» por su sobredimensión.

En cambio, subraya que en la crisis actual el riesgo de destrucción futura del empleo «estaría más relacionado con los potenciales efectos persistentes de la crisis sobre determinados sectores de actividad que se puedan ver más afectados por las medidas de mitigación de la enfermedad que con desequilibrios estructurales previos».

En cualquier caso, advierte de que si un número importante de trabajadores pierde su empleo de manera relativamente prolongada, «el capital humano y el potencial de crecimiento de la economía a medio plazo se verán negativamente afectados».

Es «ineludible» reducir la dualidad del mercado laboral

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha avisado de que las tasas de paro y de temporalidad son muy altas y conllevan un «elevadísimo» coste económico y social. Por ello, la institución ve «ineludible» reducir la elevada dualidad del mercado español, revisando los mecanismos de protección del empleo para compatibilizar la protección de los trabajadores con las necesidades de flexibilidad, y sobre todo para «alcanzar un reparto más equitativo de la protección entre los trabajadores con diferentes modalidades contractuales».

En particular, entiende que figuras como la de los contratos con costes de despido crecientes pueden ser un buen punto de partida en el debate sobre el diseño de un nuevo marco regulatorio, pero sin promover en ningún caso una ampliación de la brecha de protección ya existente entre temporales e indefinidos.

También aboga por prestar atención a los modelos mixtos que combinan la posibilidad de acumular por anticipado en un fondo una parte de los costes de despido (similar a la ‘mochila austríaca’) mientras el trabajador mantiene el empleo con una indemnización, en caso de despido, de cuantía creciente en función de la experiencia acumulada. Estas dos propuestas, con un coste presupuestario mayor en el segundo caso, las proyecta para el medio plazo.

Al mismo tiempo, ve «imprescindible» y «prioritario» reforzar y mejorar las políticas activas de empleo, favoreciendo la búsqueda activa de empleo, la orientación adecuada a los trabajadores y el despliegue de una formación especializada y específica cuando se detecten necesidades formativas.

Así, insta a habilitar mecanismos que permitan un seguimiento y una orientación individualizada de los desempleados basados en técnicas de perfilado estadístico de los trabajadores parados ya disponibles y de las vacantes existentes a escala local. Adicionalmente, ve esencial facilitar el funcionamiento de mecanismos de flexibilidad interna en las empresas para mitigar posibles efectos negativos sobre el empleo.

Ajustar la pensión a lo cotizadio y fomentar el teletrabajo

Por otro lado, ante la presión demográfica ve necesario introducir medidas adicionales para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, sobre todo después de la decisión de revalorizar las pensiones con el IPC y de suspender la aplicación del factor de sostenibilidad.

Así, para asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones, la institución reclama un debate «riguroso» que aborde el nivel de prestaciones que debe proveer el sistema y cómo movilizar los recursos suficientes para sufragarlas.

El Banco de España ve conveniente reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas, asegurando siempre un nivel de suficiencia para aquellos hogares con recursos más limitados, y recuerda que varios países, como Alemania, Suecia, Italia o Portugal, ya han establecido un vínculo entre el nivel de las prestaciones o la edad de jubilación y la esperanza de vida, «opciones que podría ser adecuado considerar en el caso español».

Asimismo, insta a valorar la conveniencia de fomentar el desarrollo de mecanismos de ahorro privado complementarios al sistema público y aboga por que las empresas impulsen el teletrabajo entre los trabajadores de mayor edad, cuando sea posible, a fin de facilitar la prolongación de la vida laboral, pues son estos trabajadores los que ven más atractivo y utilizan con mayor frecuencia el teletrabajo.

Precisamente, en relación con el teletrabajo, el organismo cree que existe «potencial» para una mayor implantación del mismo en España, pues su utilización es aún reducida en comparación con otras economías europeas. Teniendo en cuenta las características intrínsecas de cada ocupación, cerca de un 30% de los ocupados podría teletrabajar, al menos ocasionalmente.

No obstante, avisa de que habrá que mitigar los posibles inconvenientes del teletrabajo, como una menor productividad frente al trabajo presencial o «algunos efectos adversos» sobre la salud.