En la economía, como en todas las ciencias humanas, las musas de las previsiones terminan bajando al teatro de los hechos. Y estos han venido con toda su crudeza del de la mano del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmando una caída del PIB del 5,2 por ciento en el primer trimestre. La mayor de la serie histórica y duplicando el retroceso del 2,6 por ciento sufrido entre enero y marzo de 2009 que hasta ahora ostentaba tan adverso récord. Y eso que, de los tres meses reseñados, sólo los últimos quince días de marzo se vieron afectados por el cierre de actividad derivado del confinamiento, lo que aventura un segundo trimestre catastrófico.

Desplome económico que muestra uno de sus síntomas más preocupantes en el hundimiento del consumo que se hundió un 6,6 por ciento, y que se añade a otros indicadores que también vamos conociendo en estos días como la caída del 80 por ciento del crédito al consumo en el mes de abril o el batacazo de las ventas del comercio minorista que cayeron un 70 por ciento en junio, ya en plena desescalada. Síntomas evidentes de una crisis económica que se explican en parte al comprobar cómo hasta 200.000 empleados afectados por los ERTE no han cobrado aún el subsidio, que 52.000 empresas anuncian o han hecho ya despidos y que sólo la mitad de todo nuestro tejido empresarial han mantenido a todos sus trabajadores.

Y a esta grave recesión la coalición de Gobierno socialpopulista pretende responder con las trasnochadas recetas del zapaterismo consistentes en mayor gasto público, más endeudamiento y subidas de impuestos a una sociedad que sufre ya una presión fiscal desmesurada especialmente en las clases medias que son quienes dinamizan las economías en la sociedades de mercado.

Recetas que ya fracasaron en 2009 y que derivaron en la congelación de las pensiones, la bajada de sueldos a los funcionarios y el rescate bancario, además de un empobrecimiento general, y que van en contra de lo que están haciendo nuestros socios europeos como Alemania, que ha anunciado ya una rebaja del IVA del 19 al 16 por ciento, o Italia donde el gobierno de Giuseppe Conte ha aprobado una rebaja de impuestos a trabajadores y empresas que afecta a 16 millones de personas y que forma parte de un plan mayor y reduce la fiscalidad sobre las rentas por un importe de 7.000 millones de euros.

Rebajas fiscales que son el estímulo que necesitan las empresas para invertir y crear empleo y los ciudadanos para consumir, en contraposición al hundimiento de las ventas, la fuga de inversiones y la destrucción de empleo en que se suele traducir la obsesión por una presión fiscal esquilmatoria.

Claro que, en Italia, el equipo encargado por el Gobierno para la reconstrucción está formado por economistas y empresarios de primer nivel y liderado por Vittorio Colao, un Harvard y ex CEO mundial de Vodafone. Mientras que aquí se crea una comisión parlamentaria, integrada por políticos y presidida por Patxi López, sin título universitario y que ha dedicado toda su vida profesional a la política en la que lleva desde los 16 años.

Sólo nos queda la esperanza de que desde Europa enmienden la plana y la condicionalidad que necesariamente va a acompañar a esos 144.000 millones de euros que nos han prometido del fondo europeo de reconstrucción obligue al Ejecutivo sanchista a acometer las profundas reformas que España necesita. De momento ya les han advertido que la reforma laboral no se toca, al menos en sus aspectos esenciales; que deberán endurecer las condiciones de acceso a la jubilación y a reducir el gasto público, lo que se traduce en recortes de servicios. La llegada de la presidencia alemana de la UE con una Ángela Merkel al frente, que ya ha expresado su seria preocupación por la deuda de España e Italia, abre una puerta a que finalmente se pueda imponer la sensatez.