PwC ha puesto a disposición del juez de la Audiencia Nacional y de los fiscales los 223 archivos requeridos la semana pasada en el marco de la pieza que investiga los supuestos encargos de BBVA a José Manuel Villarejo.

El BBVA reclama, no obstante, la realización de un procedimiento de expurgo antes de incluirlos en el sumario en su totalidad. Argumenta que los correos pueden contener información que puede afectar a la intimidad de terceras personas y que carece de relevancia para la causa; secretos empresariales, o incluso que viole el derecho de defensa de BBVA en éste u otros procedimientos.

Para el banco, aportar de manera indiscriminada la integridad de la base documental de su investigación interna, que supone unos 2,3 millones de datos, puede suponer una violación de sus derechos fundamentales.

El Juzgado Central de Instrucción número 6 exigió al socio responsable del departamento de Forensic Services de PwC, Javier López Andreo, que colaborase con la investigación judicial y entregara una serie de documentos y le advirtió que, de no hacerlo, incurriría en un delito de desobediencia.

López Andreo alegó que BBVA así se lo había indicado por «privilegio del secreto profesional». Y remitió un escrito al instructor en el que explicaba que «la representación letrada» del banco le informó de que «el levantamiento del privilegio del secreto profesional sólo lo fue para contestar a las preguntas formuladas» durante la primera parte de su declaración el 20 de febrero, lo cual «no alcanza a la presentación de documentación al juzgado».

El BBVA sigue aduciendo que cualquier hallazgo en su investigación que tenga conexión con los hechos ya ha sido aportado al sumario y que esto implica el traslado a la causa de unos 8.300 ficheros, equivalente a 100.000 folios.

Tras el apercibimiento del juez Manuel García Castellón, BBVA ha tenido que desistir y finalmente ha permitido que PwC entregue los correos, aunque la entidad sigue manteniendo que «no son relevantes» para la causa. Las reticencias del banco se sustentan en la posibilidad de que estos archivos den «falsos positivos y violen los derechos fundamentales».

El banco alega que el forensic encargado es una investigación voluntaria puesta en marcha para su defensa en el caso y que no debería ser utilizada por la Audiencia Nacional para esclarecer los hechos.

El BBVA está imputado como persona jurídica por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios en esta pieza 9 del ‘caso Villarejo’ por los presuntos trabajos de espionaje pagados al comisario a lo largo de 13 años y por los que éste habría percibido más de diez millones€.