La atención política está centrada en las elecciones vascas y gallegas del domingo, 12 de julio. Pero a la espera de las grandes novedades que nadie augura, conviene ir a lo que más importa a la gran mayoría: el relanzamiento económico tras el socavón de una pandemia que sigue costado vidas y nos mantiene en un sinvivir. Entramos en una semana decisiva para que los dirigentes políticos europeos aprueben el llamado Plan Marshall de reconstrucción social y económica y negocien el reparto de fondos. La presidenta de turno este semestre, la señor Merkel, ha dejado claro ante el Parlamento Europeo la urgencia y necesidad de ese mecanismos de solidaridad y ha cargado contra los nacionalismos, haciéndonos saber que las opciones individuales de cada uno de los 27 son más costosas que el fondo común. Del divide y vencerás de la crisis financiera que amenazó la paridad euro-marco hemos pasado a una recesión general de la economía real que obliga a la revisión de los mecanismos tradicionales y a una nueva ordenación del territorio productivo para hacerlo más moderno y sostenible.

Se espera de los presidentes y jefes de Gobierno la suficiente talla y cintura negociadora
del reparto de los fondos en la cumbre del 16 y 17 del corriente para que ningún país salga perjudicado y todos puedan beneficiarse del nuevo mecanismo de deuda mancomunada a largo plazo. Es lo que la presidenta del Grupo de los Socialistas y Demócratas (SyD) en el Parlamento Europeo, la española Iratxe García, ha definido como eso tan sencillo y complicado al mismo tiempo que llamamos “equidad”. En el caso de España, donde la derecha ha jugado ‘ad nauseam’ con los impuestos como arma electoral, sería fundamental un acuerdo tributario europeo que acabase con la competencia fiscal entre los Estados miembros. Un ejemplo: si las sociedades de inversión colectiva (Sicav) pagan en España un impuesto de beneficios ridículo, en Holanda y Luxemburgo pagan menos todavía. Otro ejemplo: si las empresas de apuestas y juegos online, que mueven cerca de 20.000 millones de euros anuales en el mercado español, pagan un 20% de Impuesto de Sociedades en España, en Malta, a donde han trasladado su domicilio fiscal la mayoría de las asentadas en Gibraltar antes del Brexit, pagan el 5%.

“Estamos reclamando que haya un tipo impositivo mínimo del 18% en toda la Unión Europea”, dice la presidenta de SyD. “Queremos que los gigantes digitales como Amazon, Google y Facebook, que ahora mismo apenas pagan impuestos, contribuyan de una manera justa. Las compañías tienen que pagar impuestos allí donde generan sus beneficios”, añade. Los socialistas reclaman también un impuesto a los plásticos de un solo uso y una mayor contribución de las empresas más contaminantes. Se trata de reequilibrar el esfuerzo que hacemos para construir un futuro mejor. La UE podría tener nuevos recursos para pagar la transición hacia una sociedad más justa y sostenible sin añadir ninguna carga a los Estados miembros. Los plásticos y el queroseno contaminan nuestro aire, agua y suelo, y no pagan los impuestos que deberían pagar. “No son las familias, sino los grandes contaminadores quienes más tienen que contribuir a esa transformación”, afirma Iratxe García. Y advierte que la lucha por la justicia fiscal y contra las oscuras prácticas abusivas será ahora más que nunca el principio y la guía de los socialdemócratas.

Si la salida de la depresión provocada por la crisis financiera generó en España una brutal desigualdad, con más ricos cada vez más ricos y mas pobres cada vez más pobres, parece llegada la hora de la equidad. Los fondos y subvenciones a la llamada reconstrucción social y económica ni serían sociales ni tendrían utilidad económica si descansaran sobre los recortes de los servicios básicos, las privatizaciones y las leoninas condiciones impuestas por los ricos (individuos y países) a los trabajadores y pensionistas hace una década. En España, donde el Impuesto de Sociedades es una broma para los grandes grupos empresariales, la única condicionalidad asumible pasa por acercar el tipo real al nominal. No puede ser (pero es) que sólo las pymes cargen con el 15% mientras las grandes corporaciones se van de rositas y no aportan ni el 6% de los beneficios. Más lamentable todavía es lo que ocurre con el Impuesto al Patrimonio. Las autonomías exoneran a quienes han de pagarlo y luego piden al Gobierno que exprima el aire y les suministre zumo o, como en el caso de Madrid, lanzan colectas contra el coronavirus. Estos dos impuestos no agotan la casuística.

Ya sabemos que aquí con los ricos no hay quien pueda, pero si quieren recibir dinero del fondo común europeo de reconstrucción tendrán deberán pagar impuestos europeos. Es lo mínimo. Y es también el rigor y el control que debemos exigir al Gobierno español y al Ejecutivo europeo contra los especuladores, usureros y trileros de esa ingeniería fiscal consentida y mantenida, es decir, de una compleja y sutil forma de chantaje y corrupción que a la postre desemboca en lo de siempre: la ocultación de los beneficios y la socialización de las pérdidas.