Los primeros ministros de los países denominados ‘frugales’: Países Bajos, Austria, Drinamarca. Suecia y Finlandia.

Con independencia de las negociaciones de última hora, el fondo de reconstrucción  europea tras la pandemia mantiene los 750.000 millones€ propuestos por la Comisión Europea. La numantina resistencia de los países del Sur, ayudados por Francia, Alemania, la Comisión Europea y el EuroParlamento, impidieron el recorte de 50.000 millones que trataron de imponer los ‘frugales’ (Países Bajos, Austria, Suecia, y Dinamarca), con el apoyo más tactico que de convicción de Finlandia. Los más beligerantes fueron Países Bajos y Suecia, que tienen cerca citas electorales (Holanda, en marzo de 2021) y sus Gobiernos socialdemócratas sienten el acoso de la ultraderecha.

Pero la Europa de los usureros logró un gran triunfo, siempre que se confirme definitivamente. Los 500.000 millones de ayudas a los países más afectados por lapandemia (fundamentalmente, Italia y España) se quedan en 390.000 millones. Nada menos que 110.000 millones menos, que pasan a engordar la partida de los créditos, que salta de los 250.000 millones hasta los 360.000 millones.

Los ‘frugales’ fracasaron en su envite por dejar las ayudas en 350.000 millones, pero el bloque más solidario tampoco logró el objetivo de defender los 400.000 millones.

Aunque Países Bajos no ha logrado su gran objetivo, el derecho de veto a las ayudas si éstas no van acompañadas de las reformas estructurales correspondientes, la Europa de los usureros consigue el mayor control posible sobre el uso del dinero concedido a los países de la Unión.

Esto se traduce en que «si excepcionalmente, uno o más Estados miembros consideran que existen desviaciones graves del cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes podrán solicitar al presidente del Consejo que remita el asunto a la siguiente cumbre». Aunque la letra pequeña dificulta el bloqueo del dinero, ya que el Consejo Europeo tendrá que pronunciarse sobre el asunto en un plazo máximo de tres meses.

El Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF), que supone prácticamente el 90% de las ayudas, pasa de los  560.000 millones€ inicialmente propuestos por la Comisión Europea a 672.500 millones: 312.500 millones en ayudas no reembolsables y 360.000 millones en créditos. Se repartirá en un 70% entre 2021 y 2022, dejando el 30% restante para el año 2023 en función del desarrollo y la recuperación económica de cada país. Ese 70% se distribuirá en función de la caída del PIB, el aumento de la deuda y otros impactos provocados por la pandemia.

A cambio de esta gran cesión, el Presupuesto comunitario 2021-27 mantiene sus 1,074 billones€, aunque el proyecto inicial de la Comisión Europea era de 1,1 billones. Pero los contribuyentes netos (los ‘frugales’, pero también Alemania) logran que unos 50.000 millones que debían aportar a las cuentas comunitarias se endosen a los demás países, que deberán hacer esfuerzos adicionales. Austria, de los 287 a los 565 millones, y Suecia, de los 823 a los 1.069 millones de euros.

Por el camino pierden peso el Fondo para la Transición Justa, enfocado en la descarbonización de Europa, que adelgaza de 30.000 millones a 10.000 millones, perjudicando fundamentalmente a Alemania, Polonia, Rumanía, Bulgaria, y República Checa); las partidas para investigación (programa Horizon),  inversión (InvestEU), o desarrollo rural,entre otras, reduciendo la capacidad de maniobra de la Comisión Europea.

Planes de reformas

Para recibir estas ayudas, los Gobiernos nacionales tendrán que elaborar planes de reformas que serán evaluados por la Comisión Europea en un plazo de dos meses. Bruselas analizará el cumplimiento las recomendaciones económicas anuales de cada país, la creación de empleo o la contribución de las inversiones en la transición ecológica y en la trasformación digital.

También se tendrá en cuenta el cumplimiento del Estado de Derecho, pese a la tenaz oposición de Hungría y de Polonia, los países con una peligrosa deriva totalitaria. Y los compromisos contra el cambio climático.

El acuerdo que firmen los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea deberá ser ratificado por la Eurocámara. Y a su presidente, David Sassoli, le ha faltado tiempo para advertir que si las condiciones que fijó en su momento “no son suficientemente atendidas, el Parlamento Europeo no dará su consentimiento”.