El fondo de recuperación ya tiene fumata blanca. Después de más de cinco días de negociaciones, a las 5,30 de la madrugada de este martes, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han alcanzado un acuerdo para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones con el que relanzar las economías del bloque comunitario, especialmente las de los países más golpeados por la pandemia de COVID-19 como España e Italia.

«¡Acuerdo!», ha anunciado en redes sociales el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, poco después de las 5.30 horas del martes.

Por primera vez la Unión Europea da una respuesta, aunque desde el viernes pasado había puesto de manifiesto su talón de Aquiles: la división entre los países del norte y del sur. Pero esta vez, y esperemos que sirva de precedente, el marco financiero comunitario -creado hace 30 años- ha doblado sus recursos destinados a la cohesión. La división acabó en unanimidad sobre un fondo de reactivación para paliar los daños económicos de la covid-19.

El horizonte económico del marco financiero plurianual, el llamdo presupuesto comunitario, medido en tiempo, será 2021-2027, y medido en euros alcanzará en ese tiempo el 1,8 billón de euros. El fondo de reactivación para paliar la crisis originada por la covid-19 tendrá una dotación de 750.000 millone de euros, de los que 390.000 millones serán por la vía de la subvención -a fondo perdido- y los 360.000 millones restantes en créditos.

Las subvenciones, los 360.000 millones, se financiarán con emisiones de deuda conjunta, algo histórico en la UE, por ser desconocido hasta el momento. Hay quienes avanzan que estas emisiones de deuda conjunta podría ser el germen de una futura unión fiscal.

Todos los líderes históricos coincidían al unísono en su satisfacción y en declarar el momento de «histórico». El presidente francés, Emmanuel Macron, proclamaba el «día histórico para Europa». Para la canciller alemana, Angela Merkel, «Europa ha demostrado que es capaz de abrirse camino en una situación tan especial», pese a que «no fue fácil, pero al final nos encontramos».

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, enfatizaba que «es el acuerdo adecuado para Europa en estos momentos», mientras aludía a la «magia del proyecto europeo» que ha funcionado porque «cuando pensammos que es imposible, sale adelante gracias a la cooperación y a la voluntad de trabajar juntos». Y la presidena de la Comisión  Europea, Ursula von der Leyen, tras destacar las casi 90 horas de negociación «que han merecido la pena», calificaba el acuerdo ocmo un «gran paso adelante».

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado el acuerdo como “un auténtico Plan Marshall”. “La Comisión Europea se endeudará por primera vez en la historia para financiar programas”, ha recordado Sánchez, quien ha añadido que se trata de un hecho “inédito”.

El presidente español concretaba que España recibirá 140.000 millones de euros (el equivalente al 11% del PIB español) en seis años. De esta cantidad, 72.700 millones corresponden a subsidios y el resto a préstamos. “Es un impulso extraordinario”, ha añadido Sánchez, quien ha insistido en que se trata de un “gran acuerdo para Europa y para España”.

90 horas de negociación

El fondo de recuperación nace tras la resistencia de un pequeño grupo de países, liderado por el primer ministro holandés, Mark Rutte, que durante cinco días, desde el asado viernes hasta las 5,30 de este martes, ha intentado reducir todo lo posible la ambición de las propuestas presupuestarias y someter las ayudas a un veto lleno de condiciones que podría haberlas dejado impracticables. Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca mostraron en todo momento su recelo a que se abriese camino a la emisión de deuda para financiar subvenciones. Un precedente que los autodenominados «frugales» no han logrado evitar.

Las negociaciones han estado llenas de tensión y roces entre los socios. El acuerdo final recorta en parte el programa de subvenciones, ya que de los 500.000 euros propuestos inicialmente por la Comisión Europea se ha pasado a 390.000 millones, pero queda excluido el veto y todo tipo de condiciones.

La cuantía del acuerdo pone de manifiesto las necesidades de todos los países. La covid-19 ha llevado a caídas del PIB desconocidas. Por este motivo, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, reconocía al Consejo Europeo su esfuerzo: «Cuando más se necesita, la UE da un paso adelante para ayudar a los ciudadanos europeos».

Características del fondo de recuperación

El plan destinará 390.000 millones a subsidios y 360.000 millones a préstamos, desembolsables en un 70% entre 2021 y 2022. Bruselas calcula que la suma del fondo, del próximo marco presupuestario (1,074 billones) y de la triple red de seguridad de préstamos para sistemas de regulación de empleo, gasto sanitario y avales a empresas (540.000 millones entre los tres mecanismos), logrará una movilización de recursos equivalentes al 17% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE, superior a la acometida por EEUU (15,9%) o China (4,2%) para responder a la pandemia.

Esas son las cifras sin precedentes, pero aún más desconocida es la fórmula elegida ya que la UE se endeudará por primera vez en su historia. Los objetivos son dos: paliar los efectos de la covid-19 y evitar la fragmentación económica entre los socios. De ahí que el comisario europeo de Economía, Paolo Gentilloni, haya concretado que se trata del «acuerdo económico más importantes desde la creación del euro».

Un «hito histórico» porque es la primera vez que se emitirá deuda para financiar un programa de transferencias directas desde la caja central hacia los países necesitados. Cabe recordar que la financiación de los fondos estructurales o la política agraria común, y demás instrumentos de cohesión, procede de la aportación anual de los Estados y con los ingresos de la UE como, por ejemplo, los aranceles. Pero las ayudas previstas en el fondo de recuperación se financiarán con números rojos amortizados de manera conjunta por los Estados durante los próximos 30 años.

Esta financiación a fondo perdido se debe en gran parte a la canciller Angela Merkel y al presidente francés Enmmanuel Macron, que a mediados de mayo pasado concibieron la creación de un fondo de medio billón de euros en subvenciones para paliar los daños de la covid-19. La propuesta de la Comisión añadía que se podía utilizar el presupuesto comunitario, la ampliación del techo de gasto hasta el 2% de la renta nacional bruta, colocar deuda en los mercados (la llamada mutualización de la deuda) e inyectar los recursos obtenidos en forma de subvenciones.

En frente se situaba la propuesta encabezada por los Países Bajos y sus socios, que sí aceptaba la ampliación del techo de gasto del presupuesto comunitario para emitir deuda, pero que ponía como única petición que los fondos se transfirieran a los países en forma de crédito y no de subvenciones. Pero su propuesta quedó en minoría ante las críticas a su propuesta de la mayoría de los países que defendían la propuesta de la Comisión.

Como en toda negociación, el acuerdo ha sufrido concesiones por ambas partes. Así, habrá descuentos en la contribución al presupuesto comunitario: Alemania, Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca tendrán rebaja en sus aportaciones: 52.000 millones menos en los próximos siente años. Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca (los frugales) se ahorrarán 27.000 millones, de los que Países Bajos se lleva el mayor descuento, 13.500 millones. Y eso que también se beneficiarán del fondo de recuperación como el resto.

Las condiciones

Al tratarse de parte del dinero a fondo perdido, los líderes comunitarios también han establecido una serie de condiciones para que el dinero vaya a donde se necesita realmente. Ninguno quiere algún país se enriquezca a costa del presupuesto de la UE. Por este motivo, habrá un mecanismo de vigilancia, algo más laxo del que proponían los países frugales. El holandés Rutte finalmente renunció al derecho de veto para liberar las ayudas ligadas a la pandemia a aquellos países que no acometan las reformas económicas que él mismo proponía. En el caso de España pedía la reforma de las pensiones y del mercado laboral. Evidentemente, Rutte trataba de intervenir en las políticas nacionales de los países y se granjeó el rechazo casi unánime de todos por intentar «invadir» sus competencias.

La solución pactada en el acuerdo es la elaboración por parte de los países socios de reformas que la Comisión aprobará por mayoría cualificada, sin que exista el derecho de veto por parte de alguno de los socios.

También será la Comisión la que autorice el desembolso, si bien serán los ministros de Economía de los 27 reunidos en el Comité Económico y Financiero quienes den el primer visto bueno. El pacto prevé que si uno o más miembros de ese comité planteara objeciones, el expediente podría elevarse al Consejo Europeo (Jefes de Estado y de Gobierno) que dispondrá de tres meses para pronunciarse.Al primer ministro holandés le ha parecido bien la intervención de este comité ya que como explicó «los 27 países miembros estarán vigilando si lo que estás haciendo se corresponde con lo comprometido”.

Por tanto, no es un veto directo, aunque si puede tratarse de una manera de «parar el reloj». Lo único que salva este paso es que la decisión final de desembolso de los fondos será adoptada por mayoría, después de que todos los líderes comunitarios se hayan pronunciado. En definitiva, habrá una intervención política por parte del Consejo Europeo, que si se pronuncia en contra del desembolso se podría entender como un veto político.