El negociador europeo para la relación futura con Reino Unido, Michel Barnier, avisa desde Londres que cree «poco probable» que la UE y Reino Unido puedan pactar un antes de que se confirme el Brexit en diciembre de 2020

«Por su negativa actual a aceptar condiciones para una competencia abierta y justa y para un acuerdo equilibrado sobre la pesca, Reino Unido hace poco probable un acuerdo comercial en este momento», señala Barnier tras una nueva ronda de conversaciones.

El negociador británico, David Frost, también afirma  que claramente no será posible lograr un principio de acuerdo en  julio sobre las cuestiones clave de la relación futura,  para determinar si es viable cumplir el calendario global.

Si Reino Unido «no se mueve de sus posiciones» sobre elementos clave también ve «muy difícil» el acuerdo en octubre, fecha en la que la UE ve el límite para iniciar la tramitación legal que permita que el pacto entre en vigor a tiempo para evitar una ruptura caótica.

«La fecha de octubre no solo es realista, sino que es necesaria», subraya Barnier, que aún cree posible cumplir el calendario pero solo si se dan cambios fundamentales en las posiciones británicas.

Quedan apenas cinco meses para que se produzca la desconexión definitiva, cuando el 31 de diciembre expire el periodo de transición.

«Si no logramos un acuerdo habrá más fricciones, sobre todo en lo comercial, habrá aranceles y cuotas. Esa es la verdad del Brexit y yo seguiré diciendo la verdad», señala Barnier. El acuerdo debe estar «a más tardar en octubre», para que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2021.

Los principales escollos son la negativa de Londres a aceptar las garantías que pide Bruselas con respecto a la igualdad de condiciones en materia de competencia y el acuerdo pesquero. La UE reclama acceso a las aguas británicas a cambio de la apertura comercial, mientras Reino Unido aspira a una «exclusión casi total». Para Barnier es «inaceptable».

Tampoco hay «ningún avance en absoluto» en el régimen de ayudas de Estado, ni en el compromiso británico sobre estándares regulatorios en cuestiones medioambientales, sociales, clima o normas laborales, «a costa de una incertidumbre a largo plazo y de la desventaja para nuestras empresas».

La delegación británica, por su parte, reclama la necesidad de «apuntalar» el futuro de Reino Unido «como un país política y económicamente independiente». «Cualquier acuerdo tiene que cumplir por completo estos principios», argumenta Frost.