El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, se queja amargamente de la existencia de “campañas de autentica difamación dirigidas muy especialmente contra el poder judicial, el cual se calificaba de justicia franquista o fascista que no reconocía ni garantizaba los derechos humanos” al tiempo que confundía una legítima protesta de los alcaldes que con sus varas símbolo de su autoridad protestaban por las actuaciones judiciales y lo transformaba en “decenas de miles de personas agitando bastones”.

Pues sí, señor Lesmes, en Catalunya y supongo que en muchos otros lugares la imagen de la justicia española está absolutamente desacreditada. El pasado jueves el Supremo suspendió el régimen penitenciario de Carme Forcadell que le habilitaba para trabajar fuera de la prisión y que parecía que era la antesala de negar el tercer grado a los presos políticos (y no políticos presos como algunos quieren justificar su situación). La reacción de buena parte de la sociedad catalana fue calificar la decisión de “venganza”. Pura coincidencia, supongo, pero el mismo día el Tribunal Supremo rebajaba las condenas a los 14 acusados del asalto al centro Blanquerna el 11 d esetiembre del 2013 por parte de personas de extrema derecha donde incluso agredieron a un diputado.

Muchos catalanes sospechan que la justicia hace tiempo que ha decidido hacer un juicio a Catalunya (no nos olvidemos de la operación Catalunya cuyos respnsables se fueron de rositas y que entre otras cosas se vanagloriaban de haber destruido la sanidad catalana). Esta misma semana la mesa del Parlament que había en el 2017 está sentada en el banquillo de los acusados por defender no sólo la inmunidad de los parlamentarios si no el derecho de la Cámara catalana a poder debatir sobre cualquier tema. Pero los tribunales parece que están cambiando las reglas del juego, como pasa con la inhabilitación del presidente de la Generalitat por una pancarta reclamando la libertad de los presos políticos o la inhabilitación de cargos electos. (Es otro tema, pero la junta electoral se atrevió a quitar el derecho a voto a los ciudadanos contagiados por el coronavirus).

Lesmes calificó de impecables tanto el proceso como las sentencias por el “procés!”, aunque numerosos juristas tanto nacionales como internacionales y organismos de los derechos humanos calificaron de “chapuza” la instrucción del juez Llarena y de formalmente correcta la actuación de Marchena en el juicio pero muy discutible la interpretación de las leyes que hacia para justificar la condena de los encausados. Y la misma condena está articulada para dictar una condena por rebelión para concluir a sentencia en un delito de sedición. Al margen de confundir a la consejera de Trabajo atribuyéndole las responsables de enseñanza.

Además Marchena no cuestionó en ningún momento el relato de las fuerzas policiales independientemente de lo que realmente sucedió convirtiendo una manifestación pacífica en violenta e ignorando la violencia policial del día del referéndum, cuyas imágenes escandalizaron a todo el mundo (incluso a los socialistas). Además el Tribunal Constitucional está vetando que los afectados acudan a los tribunales europeos con el sencillo recurso de dejar que sus quejas almacenen polvo en alguno de sus estantes)

Y ahora los recursos de los fiscales contra las medidas penitenciarias son recurridas sistemáticamente con el argumento que los condenados no han renunciado a sus ideas (“lo volveremos a hacer”) ni han hecho cursillos de reinserción, que en roman paladino puede equivaler a “lavados de cerebro”.

El señor Lesmes se queja de que se intenta desprestigiar a la justicia, pero no quiere ver que quizás es la justicia quien tiene un grave problema con la sociedad.