Asufin critica que la nueva Orden del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicada el 27 de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para regular las tarjetas revolving no contemple sanciones a las entidades financieras que concedan préstamos irresponsables.

«La nueva Orden no contempla sanciones para las entidades que fallen en la evaluación de solvencia de los clientes, como sí sucede en países de nuestro entorno», lamenta la Asociación de Usuarios Financieros, que cree que se debe limitar la posibilidad de conceder un préstamo sólo a los usuarios cuya solvencia quede acreditada y fijar sanciones para las entidades que concedan préstamos irresponsables.

También considera que la regulación «se queda corta» en frenar la espiral de sobreendeudamiento que generan estas operaciones, ya que el límite de amortizar un mínimo del 25% de la cuota anual es una mera orientación. «Esto no permitirá poner coto a la deuda perpetua que generan estos contratos y van claramente en contra de la concesión de crédito responsable que se recomienda desde el Banco de España», argumenta la presidenta de Asufin, Patricia Suárez.

Asufin  sí aplaude que los requisitos de información se vean reforzados. Las entidades financieras tendrán que comunicar a la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) las deudas de 1.000€ cada 20 días.

Y que el sector tenga que proporcionar información precontractual y dos ejemplos o más que especifiquen la cuantía solicitada, el tipo de interés a pagar, la cuota mensual y cuánto dinero le costará finalmente al cliente el préstamo.

Sobre todo, que las entidades financieras estén obligadas a ofrecer gratis información periódica trimestral en la que aparezca la fecha de finalización del préstamo, desglosado el principal y los intereses de la deuda.

«Posición probanca»

Por su parte, Adicae lamenta la «posición probanca» de la Orden Ministerial aprobada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para reforzar la transparencia y protección de los consumidores ante los créditos y tarjetas revolving al no limitar sus tipos de interés.

Aunque la nueva normativa mejora el control de transparencia de cara al usuario, no cumple con sus principales reivindicaciones para salvaguardar los derechos de los consumidores.

Adicae celebra que Economía haya escuchado una de sus exigencias relativas a la entrega obligatoria, por parte de los bancos, de información previa con diversos ejemplos de crédito al consumo, pero también echa en falta que se regulen los tipos de interés, que en algunas ocasiones superan el 20% TAE y son «usurarios».

Las tarjetas revolving requieren de un mayor control que el que ha aprobado dicha Orden Ministerial, señala Adicae, que critica que Economía «no se ha atrevido a ir más allá en favor de los consumidores», estableciendo una normativa que «no soluciona el problema de raíz».