Pimec, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y la Plataforma Pymes han presentado un manifiesto conjunto sobre los contratos públicos en la etapa post-pandemia en el que piden asegurar los circuitos de pago para mejorar la situación de las pymes dentro de la contratación pública. El manifiesto, suscrito también por otras organizaciones de pequeñas y medianas empresas, subraya que la compra pública representa aproximadamente el 18% del Producto Interior Bruto (PIB).

En la contratación pública existen problemas como lotes de gran volumen, «morosidad en cascada», relaciones desiguales entre contratistas y subcontratistas, y falta de liquidez de éstos, entre otros, por lo que las Administraciones públicas deben garantizar los flujos de caja y de cobro para asegurar los circuitos de pago.

El presidente de la Plataforma Multisectorial y secretario general de Pimec, Antoni Cañete, subraya que los problemas de las empresas proveedoras de contratos públicos, sobre todo de las subcontratistas, se han agravado tanto por la paralización de la actividad como por las medidas preventivas que Gobiernos y contratistas han adoptado ante la incertidumbre de la pandemia.

«Se concretan los retrasos y las anulaciones de pagos, aumentando el nivel de morosidad, y se mantiene una bolsa de deuda acumulada. Esto provoca que muchas empresas subcontratistas tengan que recurrir a financiación ICO para cubrir las facturas no cobradas», resalta.

Las Administraciones públicas deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago, así como obligar a que los grandes contratistas paguen a sus proveedores subcontratistas dentro del plazo legal.

Por su parte, el vicepresidente de Plataforma Pymes, Josep Tres, ha expuesto que la caída de la demanda del sector privado «afectará severamente a muchas pymes», por lo que ve necesario garantizar que una parte de la demanda pública se cubra por estas empresas.

En este sentido, ha explicado que esto se lograría dividiendo los contratos en lotes: por especialidad sectorial, por territorio o por volumen del contrato. Esto ayudaría, además, que a un mayor número de empresas pudiera presentarse a una oferta.

«Es importante que la fórmula de valoración económica no excluya de por sí la valoración adecuada del informe técnico, ya que la legislación permite limitar el número de lotes por los que puede competir una empresa e, incluso, limitar el número de adjudicaciones», ha añadido.