Sólo desde la ignorancia, el resentimiento, la mezquindad o la traición, y sólo quienes se alinean con los enemigos de las libertades, con los golpistas y con los voceros populistas de las dictaduras bolivariana e iraní, pueden alegrarse y brindar por el exilio, temporal y voluntario, del Rey Juan Carlos. Una mala noticia desde cualquier perspectiva -a favor o en contra- para España, para la democracia, para el Estado de Derecho, y para la imagen exterior de nuestro país, ya de por si muy deteriorada por un Gobierno calificado por la Universidad de Cambridge como el que peor ha gestionado la crisis sanitaria en el mundo desarrollado, que ha llevado a la economía española a la mayor caída del PIB, con diferencia, de la UE, y que se caracteriza por una diplomacia y una acción exterior que ni está ni se la espera.

Vaya por delante que si el Rey Emérito ha cometido algún tipo de actividad ilícita o de infracción, debe asumir sus responsabilidades personales y legales en cumplimiento de ese principio de igualdad ante la Ley que consagra la Constitución que él mismo impulsó y juró respetar y defender. Pero hasta hoy D. Juan Carlos I no ha sido imputado, y ni siquiera investigado por ninguna instancia judicial española o extranjera.

Sin embargo, desde algunos partidos y por determinados miembros del Gobierno, con la colaboración inestimable de algunos medios de comunicación serviles, están promoviendo un linchamiento público de D. Juan Carlos, obviando la presunción de inocencia que también consagra la Constitución, y dando credibilidad a las palabras y acusaciones de una amante despechada, Corinna Larsen, y de un comisario, Villarejo, en prisión y acusado de delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. El mismo al que Pablo Iglesias denunciaba como el máximo responsable de lo que él denominaba «cloacas del Estado».

Un Pablo Iglesias y su partido, Unidas Podemos, que ellos sí, tienen ahora pendientes hasta cuatro causas judiciales que puedan dar con sus huesos en el banquillo de los acusados por delitos como el supuesto robo y posterior destrucción de la tarjeta de Dina Bousselham; malversación en las campañas electorales, desvío de fondos y cobro de sobresueldos; denuncia falsa de acoso sexual al exabogado que destapó la corrupción interna; y «pucherazo y amaño» de las primarias en La Rioja.

Esta es la realidad de un partido que utiliza la táctica del acoso y derribo de la Monarquía para desviar la atención de sus miserias y para avanzar en sus verdaderas intenciones que no son otras que destruir el régimen democrático y de libertades que instauró el sistema del 78 y que ellos quieren sustituir por una dictadura bananera al estilo de Maduro en Venezuela.

Quien esto escribe vivió la intentona de Golpe de Estado del 23-F en el Congreso, tuvo un arma de fuego apuntando a su cabeza durante unos minutos interminables, sintió que la locura y el odio de unos pocos podían dar al traste con la democracia que entre todos construíamos y reafirmó su respeto, admiración y agradecimiento a la figura de D. Juan Carlos, cuando paró el pronunciamiento de Tejero y salvó las libertades. El mismo Rey que desmanteló el régimen franquista y lideró una Transición modélica que hoy se estudia en las principales universidades, que ha sido modelo para el cambio democrático en otros países y que ha deparado el período de mayor esplendor político, económico y social de nuestra historia.

Ese es el legado de un Rey y esa es la memoria histórica que hoy habría que recuperar, enseñar e inculcar a los españoles, y en especial a esos jóvenes, que no saben valorar esa libertad que otros les hemos conquistado, que ignoran que estuvimos a punto de perderla y que, consciente o inconscientemente, pueden estar contribuyendo a demoler.