Hay cuestiones que a primera vista, es decir, a partir de una versión periodística mejor o peor llevada, pueden llevarnos a tomar una posición más o menos fundada, opinión que apelando a la fuente documental puede variar en un sentido u otro. En este caso, el real decreto que ha planteado el Gobierno, en su literalidad es francamente más liante que la versión periodística a la que acudí para la primera entrega de El tejemaneje fiscal, publicada aquí la semana pasada.

En primer lugar, se hace cargar la responsabilidad de que las corporaciones locales tengan, en muchos casos, superávit y en otros muchos, unas liquidaciones presupuestarias equilibradas, en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Como si el equilibrio o el excedente presupuestario fueran algo desgraciado y lamentable. Y, por supuesto, para echar la culpa de ello al maestro armero, o sea, Mariano Rajoy.

Es tan torpe el argumento como que el propio Real Decreto no tiene más remedio que reconocer que lo que hizo Rajoy fue cumplir con el Reglamento 1175/2012 de la Unión Europea. Un ejemplar torticeo político.

Restituida la pureza de sangre de la Ley de 2012, hay más aclaraciones clamorosas. Por ejemplo, cuando se reconoce, porque es una realidad contundente, que desde 2014 hasta 2019, la flexibilidad de escape para el rigor presupuestario local, se ha venido aplicando con normalidad, bien por la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año, bien por reales decretos ad hoc. La regulación que ahora propone el Gobierno, el birlibirloque de los millones, afirma literalmente “que no se ha podido tramitar la Ley de PGE para el año 2020”. Lo de no se ha podido, es una declaración formal de impotencia de este Gobierno.

Hay más pasajes que no tienen desperdicio. Veamos otro ejemplo. Aunque se pregona como un sistema de ayuda a las entidades locales, el decreto reconoce como “sólida situación financiera” la de las entidades locales. ¿Y, entonces?

Esa sólida situación, obvia, por ejemplo, que la liquidación definitiva de la participación de las entidades locales en los tributos del Estado correspondientes a 2018, requerirá votar en el Congreso un suplemento de crédito, porque quien necesita realmente el dinero es el Gobierno Central. Pero hay más.

La ayuda de 5.000 millones que ofrece el Gobierno ahora a los ayuntamientos y diputaciones que entren en el juego también se reconoce que requerirá más suplementos de crédito, uno de 2.000 millones en 2020 y otro de 3.000 millones en 2021. O sea, el que ayuda no tiene un euro y los ayudados, cuando menos, no tienen necesidad (salvo casos irremediables como el de Jerez) para los que se pedirá otro suplemento de crédito de entre 275 y 400 millones de euros. O sea, que se les pide dinero ya a las corporaciones locales y se lo devolverán quién sabe cuándo; no se les liquidan las partidas de tributos que les corresponden de años anteriores, pero se les ofrecen 5.000 millones que el Gobierno no tiene todavía en sus manos. Es una peculiar manera de administrar, caramba.

No sé si he conseguido, en estas dos entregas, desmadejar este galimatías que propone la ministra de Hacienda, metida a aprendiz de maga. Si lo he conseguido, me congratulo de ello. Si no lo he conseguido, están ustedes igual de perplejos que una buena parte de los alcaldes y presidentes de diputación de toda España. Consuélense.