Uno de los instrumentos o estrategias que parece que viene dando resultado en la lucha contra la pandemia de coronavirus son los llamados rastreadores, que nada tienen que ver con esos pieles rojas renegados de las películas de John Ford. Parece ser que siguiendo la pista de los contactos de las personas contaminadas se puede poner barreras eficaces para contener el número de afectados y para preservar a éstos de la grave responsabilidad de convertirse en agentes activos de la cruel enfermedad que nos tiene acobardados.

Tratando otras cuestiones menos complicadas para mí, se me ha ocurrido que uno de los instrumentos o estrategias para corregir un fallo endémico y estructural de la economía española podría ser la contratación de rastreadores que vayan tirando del hilo de la llamada economía sumergida, para mí, economía fraudulenta a secas.

Está claro que ni los inspectores de la Seguridad Social (si existen) ni los inspectores de Hacienda ni los inspectores de Trabajo (se llamen ahora como se llamen) son capaces de atajar esa pandemia que, según unas u otras fuentes, alcanza entre el 15 y el 20 por ciento de la actividad económica. Son cuerpos de élite que buscan grandes fraudes, mucho más fáciles de detectar y más remunerativos para la propaganda propia e institucional.

Ayer, un diario local contaba que una señora y su hija habían cobrado fraudulentamente la pensión de una persona fallecida hace 35 años (han leído bien, 35 años). Pese al periodo transcurrido, el alcance para las cuentas de la Seguridad Social fue de unos 204.000 euros, cifra que no es muy grande, pero es irrecuperable.

Al margen del submundo de la drogas, el fraude en las cotizaciones sociales, en los impuestos individuales y el IVA, la ausencia de contratos laborales, el movimiento irregular de mercancías, los trabajos a domicilio, tenidos por esporádicos, pero que realizan personas con dedicación plena, los fabricantes de productos de imitación, los perceptores de prestaciones públicas indebidas…revelan una espesa red de  fraude que los indagadores y perseguidores institucionales desde luego no son capaces de reprimir. A los datos me remito. Quizás el problema esté en la compartimentación de los inspectores actuales y en que cada uno de esos cuerpos se ocupa de su parcela.

Esa idea de los rastreadores me parece afortunada. No sé si deben ser espeleólogos industriales, arqueólogos, submarinistas, o drones humanoides, pero la España nueva que debe surgir de este terrible destrozo de la pandemia no puede seguir con una quinta parte de su PIB en manos de defraudadores y esclavistas que fardan de coches, mansiones, amantes enjoyadas y para más inri, de simpatías en algunos canales de televisión que los jalean como triunfadores. Y sin que nadie les pare los pies.