La Comisión del Pacto de Toledo ha decidido acelerar sus trabajos encaminados a trazar la ruta de una nueva reforma de las pensiones. La Comisión, que recibe el miércoles al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, partidario de endurecer las prejubilaciones, cuenta con cerrar sus trabajos antes de fin de año, dejando así vía libre a una reforma a partir del mes de enero.

La comisión recibe el miércoles a Escrivá, un día después de las delegaciones de empresarios y sindicatos, citados el martes en el Congreso de los Diputados por este grupo encargado de velar por el buen funcionamiento del sistema de pensiones.

La comisión, después de su fracaso en 2019, se afana ahora en fijar las nuevas recomendaciones que permitan legislar sobre esta materia, acuciados, no solo por déficit galopante del sistema, sino también por la crisis Covid-19, que seca los recursos del sistema.

Un sistema que debe cada año 18.500 millones de euros, el equivalente a casi dos nóminas de las catorce anuales que paga. Y que se enfrenta a la pérdida de ingresos derivada de la destrucción de unos 500.000 empleos, con picos de 900.000, derivada de la pandemia.

Recuperar el IPC

Incluso los parlamentarios del PP parecen dispuestos a olvidar la reforma aprobada en 2013 por su partido. Y recuperar el IPC como referencia de la subida anual de enero. Sin embargo, la actualización en virtud de los precios podría sufrir alguna matización, según afirmó hoy El País.

La comisión parece abierta a estudiar un mecanismo que modere la subida anual del IPC mediante una segunda lectura quinquenal, que permita descontar los años de inflación negativa, asegura el diario.

Además la comisión podría incluir en sus recomendaciones alguna forma de sacar los llamados gastos impropios de la Seguridad Social, y cargárselos al Estado. De tal forma que el dinero recaudado vía cotizaciones se dedique exclusivamente a costear las pensiones, y no a pagar el sueldo de sus gestores, como sucede ahora.

También parece claro que se incluirán nuevos incentivos a la prolongación de la vida laboral, aunque quizás también alguna penalización sobre las prejubilaciones. Todo con tal de acercar la edad legal de jubilación al momento en que realmente se jubilan los trabajadores. En la actualidad la edad efectiva de jubilación se sitúa en torno a los 64 años y medio, unos dieciséis meses más temprano que la edad legal, establecida en 65 años y 10 meses en 2020.

Finalmente la comisión deberá pronunciarse también sobre el llamado factor de sostenibilidad, la correción automática de la cuantía de la prestación en función de la esperanza de vida, arrumbada también por Rajoy en los estertores de su mandato.