Durante su participación en DigitalES Summit, Calviño ha indicado que el Gobierno, cuando tenga que tomar la decisión oportuna sobre esta operación anunciada la semana pasada, se va guiar por «los mismos principios» por los que se ha guiado en los últimos dos años.

En concreto, ha indicado que buscará «proteger el interés general», lo que pasa, «como siempre», por tratar de maximizar el valor de la participación pública en Bankia, que es una de la «herencias arrastradas desde la crisis financiera», así como «reforzar la estabilidad financiera» en el país.

Asimismo, Calviño ha remarcado que durante la «situación extraordinaria» de los últimos meses provocada por la pandemia del Covid-19 se ha visto que, «afortunadamente», después de años de «intensa reestructuración» el sector financiero «no es parte del problema, sino parte de la solución».

En concreto, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha destacado que el sector está ayudando en estos momentos a «canalizar los recursos» que protegen el tejido» productivo y el empleo.

«Es importante seguir reforzando el sector financiero para que pueda seguir jugando esa función tan importante que tiene en nuestra economía también en el futuro», ha concluido.

CaixaBank y Bankia, tercera y cuarta del sector financiero español, confirmaron la semana pasada el inicio de conversaciones con vistas a una operación que daría origen a una entidad con activos por valor de 650.000 millones de euros, unas 6.600 sucursales (4.400 la entidad de origen catalán y más de 2.200 la entidad nacionalizada) y una plantilla conjunta superior a los 51.000 empleados (casi 35.600 CaixaBank y unos 16.000 Bankia), lo que propiciaría significativas sinergias.

El rescate de Bankia en 2012 implicó la inyección de unos 24.000 millones de euros en ayudas públicas, de las que el Estado ha recuperado hasta la fecha algo más de 3.000 millones tras la enajenación de dos paquetes accionariales y vía dividendos.