La Seguridad Social registró hasta julio un saldo negativo de 5.165 millones. Un déficit que nace un lado de la fuerte de caída de ingresos por cotizaciones, que llegan a caer un 6,7% en el caso de las de ocupados, y por otro del gigantesco coste de la panoplia de ayudas, aplazamientos y exoneraciones decretadas por el Gobierno en la lucha contra la Covid-19.

Entre enero y julio, los gastos asumidos por la Seguridad social crecieron un 12%, debido en parte al incremento de la nómina de pensiones, pero sobre todo por el coste de las bajas y prestaciones derivada de la pandemia. Así, el gasto en contingencias profesionales creció un 66% en ese período, según las cifras publicadas este jueves.

La prestación extraordinaria para autónomos tuvo un coste cercano a los 3.600 millones en ese plazo. Mientras que el ingreso mínimo vital, atascado por el aluvión de peticiones, apenas importó 33 millones en la arcas del instituto de previsión social, excluida la nómina de julio que se imputa un mes después.

Las cotizaciones de ocupados caen un 6,7%

Las cotizaciones, la principal vía ordinaria de ingresos de la Seguridad Social, menguaron su importe un 3,8% hasta julio. Mientras tanto, los gastos se elevaron casi un 12%, hasta rozar los 103.000 millones y lo recaudado – o a la espera de ser recaudado – apenas llegó a 98.000 millones, un 14% más (gracias a las transferencias del Estado).

De esos 98.000 millones de recaudación, apenas 69.000 llegaron vía cotizaciones; es decir, unos 2.700 millones menos que el año pasado. La caída del 3,8% tiene su origen en primer lugar en el hundimiento del empleo, como refleja la merma del 6,7% en cuotas por ocupados. Y no logra compensarse ni siquiera a través del Servicio Público de Empleo (SEPE), que paga los 1.800 derivados de la cotización de los desempleados, un 45% más.

Las medidas aprobadas frente a la Covid-19 drenaron las fuentes de financiación del pagador de las pensiones. Por un lado, las cuotas exoneradas a empresas y autónomos, unos 2.000 millones menos. Por otro, los aplazamientos a compañías y profesional. Y las cuotas devueltas a estos últimos, unos 440 millones.

El Estado trató de compensar esta caída de ingresos y el incremento de gastos con nuevas transferencias de fondos. En mayo aprobó una transferencia extraordinaria frente a la Covid de 14.000 millones. Que junto a otras transferencias completan una suma de 26.000 millones.

La Seguridad Social dedicó el grueso de los 103.000 millones gastados hasta julio en pagar las pensiones, que junto con otras prestaciones contributivas, importan en total 87.000 millones.

De ellos, las pensiones contributivas se llevan 75.000 millones, el 3% más. Un incremento basado sobre todo en los mayores número de pensionistas y cuantía de sus pensiones, y en la revalorización anual (un 0,9%).

Entre tanto la ampliación de derechos, como la extensión del permiso de paternidad de ocho a doce semanas, tuvo también un coste: unos 1.675 millones, el 14% más.

Sin embargo el mayor incremento del gasto se registró en las bajas. La llamada incapacidad temporal costó el 23% más, unos 6.275 millones, debido sobre todo a contingencias comunes.

Por su parte la prestación extraordinaria para autónomos sumó 3.580 millones; mientras que la prestación ordinaria por cese de actividad de este colectivo acaparó 70 millones, cinco veces más de lo presupuestado para todo el año.

En cuanto al ingreso mínimo vital, su coste supuso 33 millones, sin incluir la nómina de julio que se imputa un mes después.

Por su parte, los gastos de gestión retroceden un 1,3% a pesar de un incremento del 4,6% en los de personal.