El Ministerio de Hacienda ha decidido suspender la regla de gasto de la Ley de Estabilidad presupuestaria, de momento, para el año 2020, para que los Ayuntamientos puedan disponer de su superávit de los años 2018-2019, tal y como ha confirmado María Jesús Montero a La Sexta.

El Gobierno ha decidido adoptar esta medida después de que el Congreso tumbara el  jueves 10 de septiembre  el decreto ley que recogía el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la cesión al Estado de los remanentes municipales.

El Ministerio de Hacienda va a impulsar un nuevo decreto ley para que los Ayuntamientos cuenten con más recursos para hacer frente a la crisis del coronavirus que, entre otras cosas, incluirá la suspensión de la regla de gasto para el año 2020, y tendrá un impacto superior a los 3.000 millones€. No obstante, no se abordarán medidas relativas a los remanentes de tesorería de los ayuntamientos, por «falta de consenso».

El objetivo del nuevo decreto es recuperar el 85% de las medidas que ya se incluían en el derogado, como la suspensión de la regla de gasto para este año.

Montero asegura que su intención es que la regla de gasto también pueda quedar suspendida para el año 2021, aunque esto no se abordará todavía en este decreto, como tampoco se incluirán medidas relativas a los remanentes de tesorería de los Ayuntamientos.

El nuevo decreto recuperará la suspensión de la regla de gasto para el año 2020. Esa regla, incluida en la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 impulsada por el anterior Ejecutivo del PP, restringía a los Ayuntamientos el uso del superávit presupuestario, ya que solo permite destinar sus superávits para amortizar deuda o depósitos bancarios.

Además, prorrogará el uso del superávit de 2019 para financiar inversiones financieramente sostenibles, cuyo impacto alcanza los 987 millones.

Se permitirá concluir en 2021 los proyectos de inversiones financieramente sostenibles iniciados en 2019 y que se estén financiando con superávit de 2018. Según el Ministerio, el impacto potencial podría alcanzar hasta los 621 millones de euros.

Además, habilitará la posible utilización del superávit de 2019 para financiar gasto en 2020, siempre que se cierre este ejercicio en equilibrio presupuestario.

Y con carácter excepcional, se permitirá que las Diputaciones Forales y los Cabildos Insulares de Canarias puedan utilizar el superávit de 2019 para compensar la caída de ingresos en los tributos estatales concertados o en los ingresos tributarios que obtengan y les correspondan exclusivamente por los impuestos indirectos de regulación estatal del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Hacienda informa asimismo que en este nuevo decreto también recogerá las medidas relativas a aliviar la situación de los municipios en peor situación económica. Así, las Entidades Locales en riesgo financiero podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación.

También se permitirá a estos ayuntamientos que cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con entidades de crédito. «Esta medida permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste. Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda a corto plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería», añaden.

Además, se permitiría que las Diputaciones Provinciales y entidades equivalentes puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. «Así, podrán formalizar préstamos con estas entidades locales y, además, destinar el superávit de 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios con problemas», avanzan.

Según el Ministerio, otro aspecto «fundamental» que también se recuperará en este nuevo decreto «tiene que ver con las normas esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018, lo que supone para los ayuntamientos 634 millones».

«También se instrumentarán los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de las entidades locales en tributos del Estado para fin de ejercicio. Hay que recordar que estos importes se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas. De esta forma, las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020», explican a continuación.

El PRC propone una reforma exprés de la Constitución

El diputado nacional del PRC, José María Mazón, ha remitido a las direcciones parlamentarias del PSOE y el PP en el Congreso de los Diputados y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) su propuesta para impulsar una modificación exprés del artículo 135.4 de la Constitución, con el fin de propiciar que los ayuntamientos puedan hacer uso de los remanentes de tesorería acumulados por los superávits presupuestarios de los últimos años, excluyéndolos de los límites de déficit y deuda.

El PRC ha informado de esta propuesta minutos después de que el Ministerio de Hacienda anunciara que ha decidido suspender la regla de gasto de la ley de estabilidad presupuestaria, de momento, para el año 2020, para que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit de los años 2018-2019, después de que el Congreso el jueves el decreto ley que recogía el acuerdo con la FEMP para la cesión al Estado de los remanentes municipales.

En su comunicado, el PRC ha explicado que la propuesta, que ya planteó Mazón en el Pleno de la semana pasada, supone incluir a las entidades locales entre las excepciones autorizadas constitucionalmente para superar los límites de déficit y deuda, con un cambio «mínimo» en la redacción del mencionado artículo.

Mazón entiende que una modificación de estas características, «simple y constructiva», puede obtener el respaldo de «una amplísima mayoría de las formaciones políticas presentes en las Cortes Generales y de los ayuntamientos de España».

«Soy consciente de las dificultades políticas que entraña una reforma constitucional, y más aún en estos momentos, pero creo que esta propuesta podría ser asumida sin controversia por la generalidad y entiendo que es coherente con el espíritu de la Constitución en cuanto al respeto por la autonomía municipal consagrada en el artículo 140», explica el regionalista en el escrito enviado a los grupos mayoritarios de la Cámara y a la FEMP.

Asimismo recuerda que la redacción del artículo 135, realizada en sus términos actuales mediante una modificación exprés que se llevó adelante en apenas un mes, también provoca «el rechazo» de muchas formaciones políticas, por lo que insta a los grupos socialista y popular a valorar la conveniencia de la reforma y plantea una reunión para abordar «los pasos necesarios para su tramitación y sus posibilidades de aplicación y desarrollo».