El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, asegura que entre un 20% y un 30% de las solicitudes presentadas para el ingreso mínimo vital (IMV) son denegadas al no cumplir los requisitos, e insiste en la complejidad de la tramitación de los expedientes ante las críticas por los retrasos acumulados.

«Si corremos pasa lo siguiente: sabemos que del 20% al 30% de personas no tienen derecho, sobre todo por criterio de renta, patrimonio o de edad; si hubiesemos seguido algunas recomendaciones de pagar a todo el mundo que dice que cumple los requisitos y que lo han solicitado de buena fe pero que no tienen derecho, ahora mismo les tendríamos que pedir el reintegro», señala en una entrevista en La Sexta

Escrivá responde así a las críticas del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que pedía «correr» en la tramitación de la prestación y planteó la posibilidad de aprobar el ingreso mínimo con una declaración jurada del solicitante.

Para Escrivá, es necesario buscar «el equilibrio ante una situación enormemente complicada, pero por primera vez tenemos un ingreso para dar respuesta a muchos miles de hogares muy vulnerables». «Si se lo damos a quienes no tienen derecho, se va a generar un efecto sobre a prestación que nos va a perseguir mucho tiempo».

El ministro admite la necesidad de introducir cambios en la normativa que permita agilizar la tramitación de las más de 900.000 solicitudes que han sido presentadas desde principios de junio.

«Tenemos un sistema de información finísimo que nos permite reajustar la norma y nos hemos dato cuenta de que podríamos ser más ágiles si hacemos un ajuste normativo», señala Escrivá, que se refiere a un cambio «sencillo» para poder denegar solicitudes con el incumplimiento de un solo criterio, sin tener que comprobar el resto.

El volumen de peticiones han «desbordado» sus previsiones, pero ha pedido a los posibles beneficiarios que tengan paciencia y no realicen las solicitudes por duplicado para evitar ralentizar la tramitación. «Hay personas que lo han pedido muchas veces», asegura el ministro, quien ha garantizado que todas la solicitudes que sean presentadas antes del 31 de diciembre recibirán la prestación con fecha 1 de junio.

También ha resaltado la importancia del cruce de datos para poder asumir «en bloque» las rentas que están pagando las comunidades autónomas.

Cifra en 90.000 el número de hogares que cobran ya la prestación y ha pedido de plazo hasta finales de septiembre para hacer una evaluación.