El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá,  insiste en la necesidad de ofrecer, a medio plazo, incentivos para prolongar la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación. No comparte el diagnóstico de que esto entorpecería la incorporación de jóvenes al mercado laboral, como defiende la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

Escrivá precisa que lo se está discutiendo en el Pacto de Toledo es un diseño del sistema de pensiones a 35 años vista ante la «avalancha» de jubilaciones que se producirá a partir de 2025 por los ‘baby boomers’ y el envejecimiento de la población. «Tendremos una caída clara de la población en edad de trabajar, eso es indiscutible. Y en lo que estamos trabajando es, en el medio plazo, en dar incentivos a las personas que quieran trabajar más allá de la edad legal de jubilación», argumenta.

El ministro ha advertido de que en España «se incentiva poco» seguir trabajando rebasada la edad legal de retiro, máxime si se tiene en cuenta que sólo existen en torno a un 2% o un 3% de incentivos, frente al 6% o el 7% de media de los países del entorno. En este punto, ha subrayado que por cada año que se retrasa la jubilación, el sistema consigue un ahorro importante.

«Hay que mirar largo, estamos hablando de 25 años hacia adelante y ahí de verdad caerán las personas en edad de trabajar», insiste Escrivá.

España tiene un sistema de jubilaciones anticipadas «voluntarias» mal diseñado, pues los trabajadores con rentas altas, que son los que más se jubilan de manera temprana, apenas sufren una penalización del 2% por cada año que adelantan su retiro, mientras que los que tienen salarios y bases reguladoras más bajas se ven penalizados con un 8%. «Es un modelo regresivo y como corresponde a un Gobierno progresista, queremos corregir eso, ¿verdad?, resalta.

Además, el ministro ha dejado claro que el problema que el mayor gasto en pensiones que deberá asumir España cuando se jubilen los ‘baby boomers’, allá por 2025, se verá «difuminado» si se consigue retrasar la edad efectiva de jubilación.

Preguntado por si el sistema actual es sostenible, Escrivá ha vuelto a dejar claro que el problema del déficit de la Seguridad Social se halla en los 20.000 millones€ de gastos impropios que está asumiendo. Si esos gastos se trasladaran donde deben estar, al Estado, la Seguridad Social tendría superávit.

El ministro ha afirmado además que, al hablar de pensiones, lo más importante es que existe un consenso «extraordinario» en el Pacto de Toledo tanto sobre esta cuestión como en lo que se refiere a ofrecer certidumbre de por vida a los pensionistas garantizando que mantendrán su poder adquisitivo de manera indefinida.

Sobre la fiscalidad de los planes de pensiones, Escrivá ha reiterado que está mal diseñada y que su modificación no es una propuesta del Ministerio, sino que forma parte de las recomendaciones que está finalizando la Comisión del Pacto de Toledo.