El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de Memoria Democrática, que contempla la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo; la creación de una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; la exhumación de víctimas del franquismo de fosas comunes sufragada por fondos públicos; o que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad español.

La norma que arranca ahora su tramitación, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, avanza en la senda que ya abrió la Ley de Memoria histórica aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, incluye una condena expresa del golpe de Estado militar de 1936 y la dictadura franquista.

También recoge que será causa de extinción de fundaciones la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado de 1936, al considerarse que son contrarias al interés general, lo que llevará previsiblemente a la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

Las personas u organizaciones que atenten, alienten o toleren prácticas en contra de la memoria democrática no podrán recibir subvenciones, bonificaciones ni prestarán ayudas públicas.

El anteproyecto declaran ilegales, nulos y sin ningún efecto todos los consejos de guerra y demás procesos (con las sentencias correspondientes) instruidos por causas políticas durante el régimen franquista, como la del presidente catalán durante la II República, y fusilado por el franquismo, Lluís Companys.

Esta iniciativa también servirá para poner en marcha un plan de exhumaciones sufragado con recursos públicos, reconociendo así el derecho de las víctimas y sus familiares a investigar y conocer los resultados de las investigaciones sobre lo sucedido, y a la identificación y sepultura digna, dando traslado al Ministerio Fiscal los indicios de comisión de delitos que se aprecien al realizar estas localizaciones e identificaciones.

Y a propuesta de Unidas Podemos, se contempla que los descendientes de los brigadistas internacionales puedan acceder a la nacionalidad española. «Los descendientes de los brigadistas internacionales que combatieron por la libertad y contra el fascismo en España, podrán acceder a la nacionalidad española. Ya era hora de decir desde el Gobierno a estos héroes y heroínas de la democracia: gracias por venir», aplaude el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en las redes sociales.

El anteproyecto contempla la creación de un censo de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, siguiendo la recomendación de las Naciones Unidas, así como de un Banco Nacional de ADN de éstas para contribuir a la identificación genética de las víctimas.

También se creará una Fiscalía de Memoria Democrática y Derechos Humanos; se revisarán las distinciones, condecoraciones y títulos concedidos por el franquismo; se recuperará el Valle de los Caídos para convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional y en el que las «30.000 víctimas de los dos bancos tengan paz y respeto», ha avanzado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.

La norma contempla un régimen sancionador ante posibles acciones u omisiones contrarias a esta ley, como por ejemplo la destrucción de fosas, la destrucción o menoscabo de lugares de Memoria Democrática o elementos simbólicos, la falta de adopción de medidas para impedir o poner fin a actos de exaltación del franquismo que menosprecien a las víctimas.

Y se impulsarán actuaciones para el reconocimiento y reparación de las víctimas de trabajos forzados, incluyendo la señalización de lugares para su identificación y recuerdo, el impulso para que empresas u organizaciones que se beneficiaron de ello (constatadas mediante un censo) adopten medidas de reconocimiento y reparación, y la confección de un inventario de edificaciones y obras realizadas por Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas.