La vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, responde a una pregunta de la diputada Mireia Vehí, de la CUP, en el Pleno del Congreso que el Gobierno adoptará una decisión «si finalmente se realiza esa propuesta de fusión», a través del Frob, mediante el que el Estado controla el 61,8% de Bankia, y «respondiendo siempre a los mismos principios, que se guían en última instancia por la protección del interés general».

Subraya la necesidad de contar con «entidades financieras fuertes» para «proteger la estabilidad financiera», la «maximización» de la participación pública en Bankia –«un segundo principio muy importante para la toma de decisiones»– y, finalmente, «la protección del conjunto de los consumidores».

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) «tendrá que pronunciarse sobre cualquier operación de concentración, y proteger esa otra dimensión de interés general, y está claro que tendremos que seguir trabajando juntos para proteger la inclusión financiera», precisa Calviño.

La vicepresidenta económica recuerda que la participación pública en Bankia es «una herencia de la crisis financiera». Ahora «lo más importante es garantizar que el sector financiero juega el papel que le corresponde en la canalización de los recursos a las familias y a las empresas».

Resalta que «son múltiples las llamadas a la consolidación del sector bancario por parte de las instituciones europeas, tanto el BCE como la Comisión».

Mireia Vehí, de la CUP, ha preguntado que, si la cotización de Bankia ronda los 4.200 millones de euros, «¿dónde quedan los más de 24.000 millones que el Estado le inyectó durante el rescate?», y «si el patrimonio inmobiliario de Bankia no vale un poco más». «Bankia quiebra, el Estado la rescata con dinero público que no se le devuelve a la ciudadanía, el Estado se la vende a otro banco, parece que por cuatro duros, y a otro banco que también está rescatado indirectamente», ya que CaixaBank compró «por un euro en una subasta» el Banco de Valencia, rescatado también por el Estado durante la anterior crisis.

Por todo ello, critica que en un momento de crisis el Gobierno acepte vender Bankia «en vez de utilizarla como organismo público», y habla de un posible «expolio de recursos públicos, como ya pasó en 2008 y mucha gente le llamó estafa» si no existen «medidas para retornar a la ciudadanía los millones puestos durante el rescate en un momento como éste», planteando la necesidad de que «los bancos contribuyan al interés general en una situación de crisis».