La reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia con la que eliminarán los aforamientos políticos en esta comunidad, ha dado un nuevo paso en el Congreso al ser aprobada por la ponencia de la Comisión Constitucional encargada de su tramitación. Se ha rechazado la única enmienda que se había registrado.

Esta reforma llegó al Congreso en septiembre de 2017, pero no avanzó y luego las sucesivas convocatorias electorales la congelaron. El Pleno aceptó tramitarla, por tercera vez, en febrero, y ahora se encuentra en la Comisión Constitucional.

La supresión de los aforamientos políticos, recogidos en la Constitución de 1978 y en numerosos Estatutos autonómicos, ha sido bandera de Ciudadanos en las Cortes Generales y en los parlamentos regionales. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció un acuerdo global a la oposición, sobre esta cuestión.

En el caso de los diputados autonómicos, es cada comunidad la que debe tomar la iniciativa y varias ya lo hicieron: Canarias, Murcia, Cantabria y Baleares reformaron sus Estatutos de Autonomía y los enviaron al Congreso para su aprobación, pero sólo la primera superó todos los tramites y tiene la reforma ya en vigor. La de Cantabria acaba de empezar su andadura parlamentaria.

El único grupo que enmendó la reforma murciana fue Ciudadanos. Lo ha hecho para corregirla con el objetivo de garantizar que, una vez desposeídos del fuero, los miembros del gobierno y de la Asamblea Regional no puedan ser detenidos como consecuencia de cualquier denuncia.

El texto que envió la Asamblea de Murcia, de un único artículo, suprime las referencias al aforamiento de los miembros del Gobierno regional y de los parlamentarios autonómicos, equiparándoles al común de los murcianos.

Ciudadanos, que comparte Gobierno con el PP en esta comunidad, planteaba modular esa pérdida del fuero y asegurar que los consejeros y los parlamentarios regionales no queden completamente desprotegidos de un día para otro.

Proponía introducir dos párrafos para dejar claro que tanto los diputados autonómicos, como el presidente y los consejeros regionales, «no podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el juzgado o tribunal ordinario, competente y predeterminado por la ley, sobre su inculpación, prisión, procesamiento o juicio».

Sin embargo, esa enmienda ha sido rechaza en la reunión de la ponencia ya que sólo ha recibido el apoyo del PP y Vox.