El único recorte que necesita España es el de la corrupción del PP. Con estas palabras contestó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, a la pregunta del presidente del PP, Pablo Casado, sobre los ajustes de la actividad laboral y económica derivados de la pandemia. Quería saber Casado si el Ejecutivo va a congelar los salarios de los empleados públicos, las pensiones, el gasto social y subir al mismo tiempo los impuestos. Y se apoyó para ello en las previsiones de la Funcas, la fundación de las antiguas cajas de ahorros, y los prospectos de la OCDE que nos auguran menos prosperidad de la deseada en los próximos cuatro años.
La respuesta de Sánchez, quien enumeró algunas medidas del “escudo social” contra el coronavirus para mantener el empleo, ayudar a las empresas, socorrer a los autónomos e instaurar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), no satisfizo a Casado. Lógico. A nadie le gusta que le aireen los tiempos de la corrupción rampante que todavía colean en los juzgados, así que el de Palencia, que era diputado por Ávila cuando los sobresueldos, la caja B, los viajes, regalos y donativos opacos de empresarios al PP de los gurtélidos, arremetió contra Sánchez con toda la munición a su alcance: los Ere en Andalucía y unas contrataciones claras (ante el Tribunal de Cuentas) de Unidas Podemos en campaña electoral que la derecha mete en el saco de la “financiación ilegal”, y le pidió cuentas por los tres ministros andaluces y el cese del vicepresidente Pablo Iglesias. “¿Cesará a Iglesias o unirá su destino a él?”, le preguntó Casado con intención de actualizar la vieja campaña contra los furibundos comunistas y populistas bolivarianos.
Pero el jefe del Ejecutivo y dirigente del PSOE le respondió con otra pregunta sobre si piensa acabar con la corrupción del PP de Aznar y Rajoy. “Toda España sabe, y en Ávila también, que ustedes para tapar un delito, la Gurtel, cometieron otro, la Kitchen (un dispositivo organizado desde el Ministerio del Interior y sufragado con fondos reservados para sustraer la documentación al extesorero Bárcenas y evitar que llegara a los juzgados)”. Sánchez enlazó las medidas sociales adoptadas por el Ejecutivo con la definición constitucional de España como un Estado social y democrático de derecho con la actitud de Casado de negarse a cumplir la Constitución en lo atinente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. “Me gustaría que usted cumpliera la Constitución”, le dijo. Pero Casado no se dejó enlazar y le asestó con el nombramiento de la exminsitra Dolores Delgado como Fiscal General del Estado para blindar, dijo, al Gobierno de la responsabilidad penal de la pandemia. “¿Puede dormir tranquilo con los 53.000 muertos?”, le espetó.
Sánchez aprovechó la pregunta de la jefa de Ciudadanos, Inés Arrimadas, para pedirle que influya en el PP a fin de renovar los órganos institucionales, pero ésta se mostró esquiva al respecto y mantuvo que sean los jueces y no el Parlamento los que elijan directamente a los miembros del Consejo del Poder Judicial. Aunque la política no es una ciencia exacta, todo indica que los prebostes designados en su día con la mayoría del PP en las cúpulas judiciales van a continuar con el mandato prorrogado. No se sabe si que se resuelvan los casos de corrupción, la Gurtel, la Púnica, la Kitchen y otros pillajes y prevaricaciones con protagonistas políticos menos relevantes o hasta que se pudran. Tiene razón Arrimadas: “La corrupción es un grave problema”. Otra cosa es el compromiso para erradicarla. Sánchez aseguró que el suyo se mantiene intacto desde que censuró y desalojó a Rajoy. “Mi compromiso con la regeneración es inequívoco”, aseguró.
La sesión de control al Ejecutivo sirvió también para que el número dos del PP, Teodoro García Egea, tildara de “okupa” de La Moncloa a Pablo Iglesias al tiempo que se interesaba por el problema que sufren los propietarios de viviendas vacías. “¿Conoce usted la diferencia entre ocupación y allanamiento?”, le respondió Iglesias. El de Murcia apeló al chascarrillo, señal de que la campaña de amplificación del problema es bastante burda. Entonces Iglesias, al que le ha crecido la coleta y la llevaba a modo de medio moño, le leyó testimonios de varios magistrados de distinto signo asociativo negando que exista desamparo de los propietarios. “Estudie el Código Penal –le dijo– y verá que no existe ningún desamparo, sino una usurpación de casas vacías de los bancos; el problema no es la ocupación, sino el precio de los alquileres y la especulación de los fondos buitre”, señaló antes de asegurar que el Gobierno ya ha tomado varias medidas para resolver la situación y adoptará otras que no mencionó.
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