Casi un mes después de la propuesta realizada por el grupo de tratamiento de residuos Veolia para comprar a Engie el 29,9% del capital de Suez por 2.900 millones de euros, que incluía el objetivo de lanzamiento posterior de una opa por las acciones restantes de la histórica compañía, ésta mantiene su estrategia para evitar la operación. En las últimas semanas sus principales directivos de mueven en diferentes frentes con ese fin.

En este contexto, el presidente de Suez, Philippe Varin, se ha entrevistado esta semana con el ministro de Economía, Bruno Le Maire, para incidir entre otros temas, sobre el efecto que la compra tendría en el empleo. Una cuestión clave, ya que el Estado es el primer accionista de Engie, con casi el 30% del capital. Suez cuenta con 90.000 empleos trabajadores en el mundo, de los que 30.000 están en Francia (la actividad que se va a vender, y se tendría que hacer con el compromiso de no reducir empleo).

Si bien, Varin lo tiene difícil: el Gobierno de Macron conocía los movimientos de Engie y ha apoyado la transacción sobre la base se crear un líder de dimensión mundial en el tratamiento de aguas y de residuos, y conservar así lo que se denomina «huella industrial francesa». De momento, Suez ha ganado tiempo; ha conseguido que La Maire se haya comprometido a estudiar con más detenimiento las implicaciones de la compra.

Un gran obstáculo en la carrera para mantener la independencia lo tiene Suez precisamente es ese objetivo del Ejecutivo de Macron de que los principales actores en esta historia sean franceses, al tempo que se respete la competencia en le mercado nacional. Veolia ofreció la venta de activos de agua de Suez, y la transacción la puso en manos del fondo galo Meridian.

Y Suez también se mueve en ese escenario. Ha transcendido que ha buscado socios para alcanzar un acuerdo y evitar así a Veolia. Pero el problema es que los líderes del sector, además de los inevitables consorcios chinos, no tienen nacionalidad francesa: American Water y Thames Water. Socios que no van a ser admitidos por el Gobierno. Cuenta con el asesoramiento y apoyo de entidades como Goldman Sachs, Société Générale, Rothschild y J P Morgan, que incluirían en su búsqueda a fondos y otros socios financieros.

Mientras, ha acordado la venta de activos de reciclaje (excluyendo plásticos y residuos peligrosos) a la alemana Schwarz por 1.100 millones de euros. Y si bien parte de una estrategia anunciada a finales de 2019, podría ser una vía encontrar socios para determinados negocios.