La prórroga de los ERTE parece bloqueada. Las reuniones previstas esta semana se han suspendido. Y el sindicato UGT culpa de ello al Gobierno, que pretende concentrar las ayudas en el comercio y el turismo, y persiste además en su empeño de bonificar la vuelta a la actividad de los trabajadores, y no la permanencia en ERTE.

UGT habló hoy de “bloqueo” de las negociaciones y señaló incluso a los culpables de esta situación, que pone sobre el alero la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) en el plazo de dos semanas.

El sindicato que dirige Pepe Álvarez culpó a las ministras de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, por pretender sectorializar los ERTE, concentrando las ayudas sobre el sector del turismo, en lugar de sobre las empresas en dificultades de cualquier sector. Además, los ‘ugetistas’ señalan al ministro de la Seguridad Social, José María Escrivá, responsable del diseño actual de las exoneraciones.

En concreto UGT considera una “injerencia” de Calviño la línea roja que pretende trazar el Gobierno para excluir a los sectores distintos del turismo del esquema de protección diseñado frente a la Covid-19.

En cuanto a Escrivá, el ministró de la Seguridad Social se muestra empeñado en mantener el diseño actual de las bonificaciones, que rebaja más el precio de las cotizaciones de los trabajadores que vuelven a la actividad, que la de aquellos que permanezcan en ERTE. Un hecho que no comprenden ni sindicatos ni empresarios, y que se alza como una de las claves que bloquean la negociación, e impiden llevar la prórroga al próximo Consejo de Ministros ordinario del próximo martes 22 de septiembre, a pesar de que la prórroga concluye ocho días después, el 30 de este mes.

Se mantiene el ‘contador a cero’

Las negociaciones se han interrumpido cuando el Gobierno ha puesto por escrito las ideas que ayer comentó verbalmente con los negociadores. Un borrador que, sin embargo, contiene algunos “avances”, según UGT, como el ‘contador a cero’ de las prestaciones, y la cuantía de la prestación en un 70% de la base reguladora.

Según UGT el Gobierno ha admitido en este último borrador que las prestaciones consumidas por los trabajadores en ERTE no descuenten sus futuros derechos de paro “hasta finales de 2021”.

Es decir, que si un trabajador en ERTE es despedido en noviembre del próximo año, no habría consumido su prestación por desempleo, como sí ocurría en los ERTE anteriores a la Covid-19, y dispondría, merced a este ‘contador a cero’, de todo el período acumulado de prestación a que le dé derecho el tiempo cotizado.

Además, el Ejecutivo habría transigido también en mantener en el 70% del sueldo la cuantía de la prestación después del sexto mes en ERTE, en lugar de bajarla al 50% como exige la ley a partir de ese momento.

Por otro lado se mantendría el veto al despido en las empresas en ERTE durante los seis meses siguientes a la incorporación del primer trabajador en ERTE. Y se da cobertura a los trabajadores fijos discontinuos y a los temporales sin prestación, añadio el sindicato sin mayores precisiones.

UGT ha animado al Gobierno a superar este “bloqueo” de la negociación de la prórroga de los ERTE. Y ha insistido en centrar las bonificaciones en las empresas que se mantengan en ERTE, y no en aquellas que reintengren a la actividad a trabajadores, lo cual permitiría liberar recursos públicos, y superar las “limitaciones presupuestarias”.

Trabajadores y empresarios parecen dudar de las cifras presentadas por el Gobierno en torno al coste de los ERTE. Según Lorenzo Amor, de ATA, este coste se situaría en unos 1.200 millones de euros para los 800.000 trabajadores que actualmente permanecen en ERTE, muy lejos de los 4.000 a 5.000 millones que el Gobierno aduce.

Hoy, además, UGT exigió al Gobierno que cumpla los compromisos contraídos en Mallorca a principios de mes, tras acusar recientemente al Ejecutivo de “trilerismo” por hurtar de la negociación contenidos ya acordados, afirman desde el sindicato.