“Que todos den por hecho que el president Torra será inhabilitado es la prueba más evidente de la falta de credibilidad del Tribunal Supremo” aseguró el diputado de Podemos Jaume Asens horas antes de que se viera la vista contra Joaquim Torra.

Esta opinión es ampliamente compartida en Catalunya y no sólo en los medios nacionalistas. Parece que como consecuencia de las diferentes actuaciones derivadas del proceso independentista los altos tribunales están más preocupados en el “mantenella y no enmendalla” y respaldarse unos a otros que en ejercer la justicia. Ellos deben ser muy conscientes que la interpretación que ellos hacen de su forma de ejercer la justicia dista mucho de los barómetros por los que actúan los tribunales europeos, aunque sus resoluciones tarden en llegar, allí también la justicia es lenta pero inexorable y de momento los diferentes recursos se saldan con desautorizaciones.

Da la sensación que los convenios firmados por el Estado español no son para los jueces de obligado cumplimiento. Estos día el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias, en su informe anual, vuelve a recriminar a España que no haga caso de sus recomendaciones en relación a los nueve presos independentistas. Aún añade el informe que España reclamó que se revisara la petición de liberar a los citados presos, algo que se negaron al tiempo que denunciaban las violaciones delos derechos que habían sufrido los políticos catalanes, señalando el derecho a la libertad de expresión, el de la manifestación pacífica y asociación, el derecho a la libertad de pensamiento de igualdad ante la ley, el derecho, el de participación en los asuntos públicos y la discriminación que, según el informe, han sufrido por expresar opiniones políticas favorables a la independencia de Catalunya.

Dejando aparte el hecho de que el Estatut de Catalunya no lo ha votado nadie (y lo que es inconstitucional en Catalunya es legal en la mayoría de comunidades autónomas) el Gobierno han acudido al Constitucional desde la sentencia del Estatut 22 resoluciones del Parlament o del Govern, algunas tan “políticas” como la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la de impuestos sobre locales vacíos o la que regulaba los horarios comerciales… ello provoca que la actividad tanto del Parlament como del Govern quede muy mermada.

Además hay que recordar que tres últimos presidentes de la Generalitat (Mas, Puigdemont y Torra) se han visto envueltos en procesos judiciales y que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell está en prisión por aplicar el reglamento de la Cámara mientras que medio gobierno de Puigdemont está condenado, exiliado o procesado, aunque desde la cárcel o desde el exilio muchos tienen un papel importante en la vida política española.

Ahora nadie duda que Torra será inhabilitado por una pancarta (es judicialmente dudoso que la Junta Electoral pueda dar órdenes al presidente de una Comunidad) y pese al conflicto político en el mundo nacionalista, parece que la opción del president Torra no es otra que dejar que sean los jueces, con su actuación, quienes convoquen de hecho elecciones catalanas. Dejan así en evidencia la nueva humillación que los poderes del Estado infringen a los catalanes (como hicieron con la destitución de Puigdemont, cuando por ley sólo lo puede hacer el Parlament), y ello a pesar de tener un mandato más que caducado. Claro que algunos temen que la nueva configuración política española les quite a ellos y a determinados partidos un poder que hasta ahora han usado de una forma más que peculiar…

Claro que cuando los tribunales europeos se pronuncien, ellos ya no estarán.