El Gobierno sellará el próximo lunes el acuerdo que regula el trabajo a distancia entre tres millones de funcionarios y empleados públicos de todas las Administraciones. Un acuerdo que, además de recoger el carácter voluntario y reversible del teletrabajo, obliga a la Administración a compensar los gastos en que incurran los empleados públicos que decidan teletrabajar.

Los tres principales sindicatos del sector, CCOO, UGT y CSIF, han dado ya el vistobueno al acuerdo que aprobará el Consejo de Ministros previsiblemente el próximo martes, tras su paso por la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas el próximo lunes.

El acuerdo incluye entre sus postulados el carácter voluntario y reversible del teletrabajo en las Administraciones. Y estipula una compensación económica que percibirán los teletrabajadores públicos por la compra de materiales, equipos y otros gastos.

La regulación cobrará vida al incorporarse un nuevo artículo al Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Un marco legal que, a partir de ahora, guiará al conjunto de Administraciones en el desarrollo de sus propias normas para cada sector y cada territorio, con el presente acuerdo como listón mínimo de derechos.

Entre estos derechos destaca el coste del teletrabajo que asumirán las distintas Administraciones, según confirman desde UGT. Una condición que, sin embargo, se dejará de lado mientras dure la actual pandemia, al igual que en el ámbito privado, cuya regulación se aprobará también este martes en el Consejo de Ministros

“Los medios tecnológicos y su mantenimiento deben correr a cargo de la Administración”, afirman desde CCOO, que consideran un “gran logro” la aprobación de este punto, aunque, matizan, faltan aspectos por “clarificar”, como la “regulación negociada de las circunstancias excepcionales”, dicen.

Ningún funcionario podrá ser forzado a trabajar a distancia. Y aquellos que lo hagan gozarán de la posibilidad de retornar al trabajo presencial cuando lo deseen, según el acuerdo para las Administraciones, similar en este sentido al del ámbito privado.

Sin embargo, las Administraciones deberán garantizar que nunca se dejen de prestar de forma presencial los servicios públicos, y que no se limite el acceso a los mismos a los ciudadanos por esta circunstancia, aclara el acuerdo, que regula también el derecho a la desconexión, entre otros.

Por su parte, en el ámbito privado, cuya regulación se aprobará también el martes, la norma, además de recoger el carácter voluntario y reversible del teletrabajo, eleva, a petición de la patronal, del 20% al 30% el porcentaje de jornada que se presta a distancia para que este quede afectado por la nueva regulación.