Para la regulación del tratamiento de los datos personales y de derechos tan importantes como la rectificación, la portabilidad o el derecho de supresión (más conocido como el derecho al olvido, muy reclamado por parte de los usuarios, especialmente de los habituales de las redes sociales), entró en vigor en mayo de 2018 el Reglamento General de Protección de Datos.

Los derechos recogidos en este texto legal se caracterizan por su ejercicio gratuito, un plazo máximo de respuesta de un mes, salvo que las circunstancias de complejidad y número de solicitudes requieran su postergación, pudiendo ampliarse el plazo otros dos meses más. Igualmente, será el propio responsable del tratamiento de los datos el que debe informar al usuario de los medios de los que dispone para poder ejercitar sus derechos, teniendo que ser a través de medios accesibles, sin poder denegarlo por el simple hecho de que solicite el usuario el uso de otro medio.

En caso de que no se curse la solicitud, en un plazo máximo de un mes, debe el responsable indicar las razones de no realizar las actuaciones requeridas y la posibilidad de reclamar ante una Autoridad de Control. La solicitud presentada a través de medios electrónicos deberá ser respondida del mismo modo, en la manera en que sea posible, salvo que el propio interesado indique que prefiere que se realice de otro modo. Por último, estos derechos pueden ejercitarse tanto personalmente como a través de un representante voluntario o legal.

Sin embargo, todo ejercicio de derechos tiene un límite, (reguladas a partir del artículo 23 y siguientes del Reglamento General de Protección de Datos), resaltando, a modo de resumen, que, si las solicitudes son excesivas, en cuanto a que tienen un carácter repetitivo o son manifiestamente infundadas el responsable podrá exigir el pago de un canon proporcional a los costes administrativos soportados e incluso negarse a actuar, todo esto previsto para evitar un abuso de derecho.

Los referidos derechos no son aplicables a los datos que el usuario haya aportado sobre terceros o de los que, habiendo sido proporcionados por terceros, haya requerido su portabilidad. Cuestión, sin duda, bastante controvertida.

Los principales y más relevantes puntos del Reglamento son la regulación de los derechos de acceso (artículo 13 y siguientes), rectificación (artículo 16), supresión (artículo 17), limitación del tratamiento (artículos 18 y 19), portabilidad de los datos (artículo 20), derecho de oposición (artículo 21) y derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas (artículo 22) de los que vamos a dar unas notas rápidas y sencillas para entender tanto su alcance como sus limitaciones.

Comenzando con el derecho de acceso, supone que se establezca la accesibilidad de los usuarios a la información respecto de la finalidad de los datos, su categoría y que las posibles comunicaciones de datos y sus destinatarios, e, incluso en el caso de que sea una transferencia de datos internacional, se debe informar de las garantías de esta operación. Este derecho engloba también que se informe al usuario de la copia de sus datos personales que sean objeto del tratamiento, del plazo de conservación de los mismos o un criterio para determinar ese plazo, de la existencia de decisiones automatizadas y de la lógica que se utiliza para este procedimiento, así como sus consecuencias. Este derecho es primordial, puesto que en sí mismo engloba y supone el nacimiento de los derechos a solicitar la rectificación, supresión o limitación u oposición del tratamiento que se realiza de los datos.

Respecto del derecho de rectificación permite solicitar la rectificación de datos inexactos o incompletos, aunque para ello se requiera una declaración adicional. En cuanto a la portabilidad de datos personales permite solicitar los datos personales facilitados en un formato de uso común y lectura mecánica, así como transmitirlos a otros responsable cuando técnicamente sea posible.

stos datos no podrán ser objeto de una decisión basada en el tratamiento mecánico, abarcando incluso la elaboración de perfiles, salvo en caso de que sea necesario para elaborar o ejecutar un contrato o que esté permitido por la Unión Europea o sus Estados miembros. En este supuesto siempre será necesaria la existencia medidas que salvaguarden los derechos y libertades del propietario de esos datos y finalmente que exista consentimiento explícito del titular de los datos.

Finalmente, respecto del derecho de oposición, el usuario puede oponerse al trato que se realice de sus datos personales cuando por motivos personales deba cesar este tratamiento, o porque sea necesario para la defensa de sus reclamaciones, o cuando el tratamiento tenga por objeto únicamente la mercadotecnia (técnicas y estudios cuyo objeto es mejorar la comercialización de productos. Este derecho viene limitado por la existencia de un interés legítimo superior, como podría ser que entrase en conflicto con derechos públicos). Igualmente, este derecho abarca la solicitud de la limitación del uso de estos datos o la conservación de los datos cuando los fines para su tratamiento por parte del responsable ya no sean necesarios, pero sí para el interesado para la formulación, ejercicio o defensa de sus reclamaciones.

La limitación del tratamiento permite solicitar al responsable la suspensión del trato de los mismos en el caso de que se impugne su exactitud, haya ejercitado su derecho de oposición mientras se corrobora la legitimidad de sus motivos.