El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, reclama en una conferencia online organizada por Fundación Edad y Vida la mejora de los «muy débiles y prácticamente inexistentes» incentivos para trabajar más allá de los 65 años (la edad legal de jubilación).

Si se quiere volver a vincular las pensiones al IPC, considera que entonces hay que realizar una aplicación «automática» de esos incentivos, ampliar el periodo de cálculo para la pensión, aumentar los ingresos incluso con figuras impositivas e impulsar los planes de ahorro privado, como planes de pensiones o productos financieros como la licuación de patrimonio inmobiliario.

Durante su intervención el responsable del antiguo Servicio de Estudios del Banco de España resalta los «importantes» retos del sistema público de pensiones, en un contexto de déficit del 1,3% del PIB de la Seguridad Social en 2019 y una presión al alza en el gasto de pensiones en las próximas décadas por el aumento de la tasa de dependencia ligada al incremento de la esperanza de vida y la jubilación de los ‘baby boomers’.

A pesar de que las reformas aprobadas en 2011 y 2013 supusieron un «avance sustancial» para garantizar la sostenibilidad financiera, la suspensión de algunos sus elementos (como el factor de sostenibilidad) hace necesario introducir nuevas medidas, más allá de la mejora del empleo, que solo compensaría parcialmente la presión demográfica.

Si la tasa de empleo alcanzase el 80% en 2050, frente al 60% en 2019, reduciría el aumento del gasto en pensiones por el facto demográfico entre un 50% y un 73%, y el gasto en pensiones bajaría en 4,5 puntos, frente al aumento de 7,7 puntos debido al a demografía, según la AIReF.

Las proyecciones disponibles apuntan hacia un aumento sustancial de la tasa de dependencia, desde el 30% actual hasta una horquilla aproximada del 50-70% en 2050, ha apuntado Arce, augurando un incremento del gasto en pensiones de entre 3,2 y 5,1 puntos de PIB en 2035 y entre 5,5 y 10,6 puntos porcentuales en 2050.

En ausencia de medidas adicionales, el Banco de España estima que vincular nuevamente las pensiones al IPC aumentaría el gasto en, aproximadamente, 2 puntos porcentuales del PIB en el año 2030 y en algo más de 3 puntos del PIB en 2050.

Arce ve señales «muy claras» de que una amplia mayoría del Congreso aboga por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones. «Me parece absolutamente legítimo, no tenemos absolutamente nada en contra», pero si se toman decisiones que conllevan mayor gasto durante un largo tiempo también debe disponerse de forma «automática» de recursos para financiarlo.

El retraso de la edad de jubilación es un elemento «potente» para moderar los gastos, ya que, según cálculos de la AIReF, por cada año de retraso de la edad efectiva de jubilación, el gasto en pensiones en 2048 bajaría entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales de PIB.

El efecto de la reforma de 2011 que fijó el aumento progresivo de la edad de jubilacion hasta los 67 años en 2027, tiene un «impacto limitado», ya que la edad efectiva es de 64,5 años respecto a los 65,8 años de la edad legal.

Varios países de la UE como Italia, Portugal, Finlandia o Dinamarca, han ligado la edad de jubilación a la esperanza de vida.

E sistema de pensiones genera un rendimiento real esperado por encima del 2% para un cotizante con una carrera larga, por lo que posponer la edad de jubilación actualmente «no genera un mayor retorno» en ese caso, ya que los incentivos para retrasar la edad de retiro más allá de los 65 años son «muy débiles o prácticamente inexistentes».

También sugiere Arce alargar los años considerados para el cálculo de la base reguladora, lo que provocaría una reducción de la pensión media que previsiblemente tendría mayor incidencia en rentas altas, y acercaría al sistema español a países como Finlandia, Polonia, Portugal o Suecia.

Eliminar el tope máximo de cotización tendría un «potencial recaudatorio alto», pero puede afectar a a la demanda de trabajo y generar un aumento del gasto de pensiones, salvo que se mantenga el límite impuesto para la pensión máxima, en cuyo caso el carácter contributivo del sistema se vería minorado.

Sobre un eventual incremento de la imposición, «puede ser una alternativa», pero las cotizaciones sociales están por encima de la media de la UE, por lo que afectaría a toda la población, incluyendo a los propios pensionistas, y podría tener implicaciones sobre el carácter contributivo del sistema.

En España aún hay «margen» para incentivar los planes de pensiones. Y hay un contexto «idóneo» para desarrollar productos financieros «responsables y competitivos», como la licuación patrimonial con hipotecas inversas o ventas de nuda propiedad para que los mayores puedan recurrir a su riqueza inmobiliaria para acceder a activos financieros líquidos en condiciones «atractivas y seguras». El director general de Economía y Estadística del Banco de España precisa que estos instrumentos no pueden ser «sustitutivos» de las pensiones.

Los incentivos fiscales al ahorro parecen tener un efecto «limitado», por lo que hay que mejorar su diseño, ya que actualmente se deja de ahorrar en otros instrumentos para centrarse en los de mayor beneficio fiscal. Y la banca debe hacer un esfuerzo en las comisiones vinculadas a los productos de ahorro a largo plazo.

La coyuntura de crisis actual «no es la más favorecedora» para introducir mecanismos que refuercen el sistema de previsión social, ya que «o los empleadores contribuyen más o los trabajadores, o una combinación de ambos», algo que «se antoja potencialmente complicado» ahora.

Pero pide realizar un estudio «muy detallado» del modelo británico, ante su «éxito.

Sobre las ‘cuentas nocionales’, proporcionan una relación más estrecha entre cotizaciones y pensiones, aumentan la transparencia en los derechos de pensión y favorecen la toma de decisiones, pero no solucionan la disyuntiva entre la suficiencia y los recursos disponibles del sistema ni la incertidumbre asociada a las rentabilidades.