Los sindicatos y las Administraciones han pactado hoy el marco general en que se desarrollará el teletrabajo entre más de tres millones de empleados públicos. Tras la firma de este acuerdo marco, las comunidades autónomas y los ayuntamientos “que lo requieran” dispondrán de seis meses para negociar el trabajo a distancia en el ámbito de sus competencias. Un teletrabajo que deberá ser voluntario y reversible, y que comportará a los funcionarios y personal laboral una compensación económica por los gastos ocasionados por el mismo.

El texto aprobado este lunes por la mesa de la Función Pública recoge el carácter voluntario y reversible que guiará el trabajo a distancia de los funcionarios y del personal laboral.

Los trabajadores públicos deberán solicitar esta modalidad de prestación de servicios. Sin embargo, el teletrabajo no tendrá para ellos la consideración de derecho subjetivo, sino que quedará supeditado a la garantía de la prestación presencial de los servicios públicos a los ciudadanos.

La normativa garantiza que los trabajadores públicos recibirán una compensación económica por los gastos que les ocasione la prestación del servicio en su domicilio. Y deberán someterse a una evaluación del complimiento de los objetivos descritos para su puesto mediante el trabajo a distancia; una modalidad que, según el Gobierno, contribuirá a “flexibilizar la organización de las Administraciones Públicas”.

Un derecho acordado por las partes

El texto define en primer lugar el concepto de teletrabajo. Y rechaza expresamente que se trate de un derecho subjetivo, ya que su utilización quedará supeditada a la prestación de los servicios públicos .

De hecho, la presencial seguirá siendo la modalidad ordinaria de trabajo, señalan desde el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, cuya titular, Carolina Darias, firmó hoy la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), junto a comunidades, ayuntamientos y representantes sindicales.

El texto, que recoge el derecho a la intimidad y a la desconexión digital de los teletrabajadores públicos, se aprobará mediante un real decreto ley, previsiblemente el martes 29 de septiembre, añaden fuentes del ministerio.

Sin embargo, su aplicación en cada una de las Administraciones tardará en llegar. Así, las Administraciones que “lo requieran” dispondrán de un plazo de seis meses para adaptar la nueva regulación del teletrabajo en su ámbito competencial, subrayan desde el Gobierno.

En este sentido, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, firmantes del acuerdo, han urgido a las Administraciones Públicas a iniciar la negociación que permita la aplicación práctica de la nueva legislación en cada una de las organizaciones que componen el sector público español, con más de tres millones de trabajadores adscritos a la Administración General del Estado, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos y otros organismos.