La francesa Morpho, la sueca AXIS y la holandesa Noldus venden a China tecnologías biométricas, como el reconocimiento facial, que pueden utilizarse para labores de vigilancia sobre la población que atentan contra los derechos humanos, advierte una investigación de Amnistía Internacional, que se ha hecho pública el día antes de que el Parlamento Europeo y los países miembros de la Unión voten si deciden endurecer las reglas de exportación de sistemas de vigilancia.

Estas herramientas se han utilizado directamente en campañas de vigilancia masiva a la población, como a los uigures y otras minorías islámicas en la región noroccidental de Xinjiang, algo que ha sido condenado por la UE.

«La industria de vigilancia biométrica de Europa está fuera de control», denuncia Merel Koning, responsable de Política, Tecnología y Derechos Humanos en Amnistía Internacional. Y está «floreciendo por vender sus equipos a infractores de los derechos humanos».

«La condena de los Gobiernos de la UE a la represión sistemática en Xinjiang se desmorona si continúan permitiendo que las compañías vendan las tecnologías que permiten estos abusos», argumenta.

Morpho, que forma parte de la multinacional Idemia y especializada en sistemas de seguridad e identificación, recibió un contrato público del Departamento de Seguridad Pública de Shangai en 2015 para proporcionar equipos de reconocimiento facial.

Axis Communications vende cámaras de seguridad especializadas en la monitorización remota. Figura entre las marcas «recomendadas» por China entre 2012 y 2019. Se encargó de la instalación de hasta 30.000 cámaras en la ciudad china de Guilin, en el sur del país y con 5 millones de habitantes.

Axis ha asegurado a Amnistía Internacional que no necesita tener autorización para exportar este tipo de tecnologías biométricas al China.

Noldus ha vendido su sistema de reconocimiento de emociones, FaceReader, a fuerzas de seguridad y a la policía de China, que se ha utilizado en universidades y por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Según Amnistía Internacional, este sistema «se usa de forma perjudicial por la autoridades para restringir los derechos humanos».