El 43,1% de los economistas asesores fiscales considera que la configuración actual del sistema fiscal es peor que hace cinco años, un 42,7% piensa que está igual y solo un 12,3% que ha mejorado, por causas como los cambios continuos de normativa, su deficiente redacción, por la deficiencia del sistema de módulos en IRPF, la complejidad devenida por la actuación del sector público o los elevados costes de cumplimiento del IVA. Además, avisan de una «sobrecarga» de requerimientos y comprobaciones por parte de la Agencia Tributaria desde julio tras el confinamiento, segun la encuesta realizada por el Instituto de Economía de Barcelona (IEB) para el El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas.

En la presentación han participado Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas de España, Agustín Fernández, presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), José María Durán, director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB), y Alejandro Esteller, catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona y miembro del IEB.

Valentín Pich subraya que «contribuyentes y profesionales son críticos con el sistema tributario y con las Administraciones encargadas de aplicarlo, aunque valorando en estas últimas el esfuerzo realizado en la adaptación a las nuevas tecnologías”. “Hay que abogar por una simplificación y clarificación, tanto legislativa como de interpretación, y las Administraciones deben de atemperar el progresivo endurecimiento de las comprobaciones tributarias, más que en su extensión y profundidad, en la forma de realizarlas”, añade.

Los investigadores del IEB, José Mª Durán y Alejandro Esteller-Moré, precisan que “la percepción que tienen los profesionales sobre los principales impuestos no es negativa, salvo en lo que respecta a los que gravan la riqueza, respecto a los que consideran que no sirven para cumplir los objetivos que justifican su aplicación”

El presidente del REAF, Agustín Fernández, opina que “convendría hacer un análisis coste-beneficio de la deducción por inversiones en I+D+i, seguir reduciendo el ámbito de aplicación del régimen de módulos, acometer la reforma de la tributación de la riqueza y que los legislativos autonómicos tengan en cuenta que la normativa tributaria que aprueban puede provocar el cambio de residencia de algunos contribuyentes”.

Recomendaciones del REAF

• Revisión de la deducción por I+D+i en el sentido de que esta actividad, de importancia capital en una economía moderna, puede que deba ser incentivada de otra forma, y no fundamentalmente con el beneficio fiscal regulado en el Impuesto sobre Sociedades.
• Reducción de la diferencia entre el tipo del Impuesto sobre Sociedades y los del IRPF rebajando éstos, lo que minoraría el fraude fiscal.
• Reducir, aún más, el ámbito de aplicación de la estimación objetiva en el IRPF porque sigue existiendo una opinión fundada de que este régimen especial puede fomentar el fraude sobre todo en actividades cuyos principales destinatarios no son consumidores finales.
• Simplificación del IVA y, ahora que se baraja la posibilidad de que se produzca una subida de tipos en este impuesto, hay que tener en cuenta que el incremento de recaudación que ello pueda suponer se verá mermado por el más que probable incremento del fraude.
• Dentro de la reforma fiscal que se deberá producir en el medio plazo, entre otras causas para consolidar las finanzas públicas, es imprescindible replantearse lo relativo a la tributación de la riqueza ya que los principales impuestos ligados a esta fiscalidad no cumplen la función para la que fueron diseñados.
• Para mejorar nuestro sistema tributario se debería intentar que la normativa tributaria fuera más estable, estuviera redactada con mayor claridad y adelantar lo más posible su interpretación.
• Hay que modular las diferencias de tributación entre las distintas CCAA –que indudablemente tienen su razón de ser en la corresponsabilidad fiscal- porque pueden ocasionar movimientos de residencia fiscal cuando, en el establecimiento del domicilio, lo deseable es que primen los motivos económicos, personales o sociales.
• La Agencia TributariaT debería intentar cambiar la imagen que presenta al contribuyente de priorizar los fines recaudatorios sobre los de justicia tributaria y de ser inflexible ante empresas y contribuyentes. A este respecto, sería importante potenciar la relación cooperativa incrementando la transparencia.
• Tanto la Agencia Tributaria como las Comunidades Autónomas deberían modular el progresivo endurecimiento observado en las actuaciones de comprobación, sobre todo en vía de gestión. No se trata de que disminuyan las comprobaciones o de que no se regularicen las situaciones cuando sea necesario, sino de que se realicen de una manera más personalizada, dando la posibilidad de que el contribuyente explique sus circunstancias y de que sean escuchadas sus alegaciones.
• Hacer un esfuerzo de explicación de las normas tributarias y de las razones de su implantación o de las modificaciones que se deban realizar en ellas. Esto impediría que se tenga la percepción de que el sistema fiscal actual es peor que el de hace más de 10 o 15 años, lo que seguramente no sería así de actuar en el sentido expresado.