El grupo de abogados que presentó la querella contra las tres principales agencias de calificación -Moody’s, Fitch y Standard and Poor’s- han recurrido el archivo dictado por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, según el recurso presentado, al que tuvo acceso Europa Press.

Los querellantes alegan que, tras admitir a trámite la querella el pasado mes de febrero, el juez la ha archivado sin practicar ninguna diligencia de comprobación de la existencia de posibles delitos de alteración de precios en el mercado bursátil y uso de información privilegiada, tipificados en los artículos 284 y 285 del Código Penal.

Los abogados concluyen en su escrito que «no puede caber la más mínima duda de que la finalidad de las querelladas al emitir sus informes (de calificación) ha sido alterar los precios de la deuda pública. Más bien, no existe ninguna otra finalidad en sus informes».

El recurso defiende que las agencias de ‘rating’ «han vertido información engañosa» para «dar a entender» que España tiene un riesgo de impago que «nunca han acreditado», lo que demuestra que su actuación se debe «a fines exclusivamente especulativos» en beneficio propio y de sus clientes del sector financiero.

En este sentido, recuerdan que «son un oligopolio a tres», que participan en un negocio de 3.000 millones de euros (con márgenes de superiores al 50%), que provienen, en su mayor parte, «de las ganancias obtenidas por la calificación de los propios emisores a los que califican».

INVESTIGACIONES ABIERTAS EN ITALIA Y EEUU.

Los querellantes recuerdan a la Audiencia Nacional que esta «falsedad» ha motivado que las Fiscalías de Italia y de los estados norteamericanos de Ohio, Connecticut o California hayan abierto sus respectivas indagaciones criminales al respecto. La Fiscalía Anticorrupción se pronunció en contra de la apertura de la investigación en España.

Una de las actuaciones denunciadas tuvo lugar el pasado 28 de febrero, cuando, a primera hora de la mañana, Moody’s elevó a 50.000 millones de euros las necesidades de capital del sector financiero español, sabiendo que al cierre de la bolsa (17.35 horas) iba a dar los datos concretos sobre las necesidades de liquidez de la banca.

El Banco de España fijó dicha cifra en 15.000 millones de euros, lo que demuestra «el grave desfase con el dictamen de la calificadora» y «el daño sobre la credibilidad del sistema español con el anuncio hecho esa mañana».

Los abogados piden al juez que reclame al Banco de España 60 informes emitidos por las tres agencias de calificación que «pueden resultar especialmente importantes para acreditar la utilización de información reservada o relevante de forma ilícita».

Los querellantes están agrupados en la asociación ‘Observatori del Drets Humans en els Drets Econòmics, Socials i Cultural’ y al proceso se ha sumado la asociación ATTAC Madrid. El juez concluyó en su auto de archivo que las calificaciones se basan en «la información generalizada de las más reputadas organizaciones económicas mundiales» y que todas ellas solo son «meras opiniones basadas en predicciones» que tienen una «credibilidad limitada».