El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cifrado en unos 22.000 millones de euros el coste de las medidas de protección a trabajadores y empresas adoptados ante la pandemia desde finales de abril hasta el mes de septiembre. En esta cifra incluye as exoneraciones y prestaciones asociadas a los ERTE, las ayudas a los autónomos y las bajas por incapacidad temporal.

Aproximadamente la mitad de esos 22.000 millones de gasto corresponden a las medidas que conciernen a la Seguridad Social y la otra mitad al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por las prestaciones asociadas a los ERTE.

Aunque el coste que implicará esta nueva prórroga de los ERTE dependerá de cuántos autónomos se acojan a las nuevas ayudas y de cuántas empresas soliciten los nuevos ERTE, el esfuerzo presupuestario es «extraordinario» y superará los 1.000 millones de euros mensuales «en el mejor de los escenarios».

Tanto Escrivá como la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, rechazan que genere inseguridad jurídica el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo ‘in extremis’ para prorrogar los ERTE.

«No hay mayor certeza jurídica que la que da un diagnóstico compartido», insiste la ministra.

«Ha habido una continuidad y una coherencia en todos los acuerdos de los ERTE y estamos absolutamente convencidos de que este acuerdo va a ser igual de bueno que los anteriores porque ninguna empresa y ningún trabajador se queda sin protección, que ha sido siempre el objetivo de todos los acuerdos», añade el ministro de Inclusión.

El doble de hogares beneficiarios del IMV

Escrivá espera duplicar en un mes el número de hogares beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pasando de los 90.000 actuales a los 180.000 a finales de octubre. «A finales de octubre, nuestra expectativa es que podamos dar un salto y tener 180.000 hogares con el IMV aprobado y avanzar en la tramitación de muchos expedientes, de tal forma que casi el 65/70% de todos los expedientes vigentes (en torno a un millón) estén ya en proceso de gestión. Nos permitiría llegar a final de año muy cerca de nuestros objetivos iniciales», explica durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Actualmente, han recibido más de 900.000 solicitudes, de las cuales se han procesado unas 410.000, y ya son beneficiarios 90.000 hogares, casi 300.000 personas. También han solicitado la subsanación a unos 160.000 hogares más.

Este «salto» a 180.000 hogares beneficiarios lo podrán dar, según ha indicado Escrivá, gracias a la introducción de una serie de modificaciones para agilizar la gestión de los expedientes, que abren nuevas vías de justificación y documentación de hogares que confluyen en una misma vivienda y aclara el concepto de «hogar monoparental». Además, el Gobierno ha limitado en el caso de los menores de 30 años el requisito de 3 años de vida independiente y 1 año de cotización a la Seguridad Social, de forma que a partir de ahora solo será necesario que acrediten un año de vida independiente para solicitar el IMV.

Evaluación de las bajas remuneradas para padres con hijos en cuarentena

El Gobierno se ha dado «un tiempo», tras la apertura de los colegios, para «evaluar» la necesidad de las bajas laborales remuneradas para padres con hijos en cuarentena con PCR negativa. «Hemos abierto un diálogo con agentes sociales para recabar opiniones de cuál es la mejor forma de abordar esta situación y nos hemos dado un tiempo para evaluar la situación después de la apertura de los colegios y en ese punto estamos», explica Escrivá.

El Gobierno está evaluando este «problema de los progenitores que tienen que quedarse en casa para cuidar de los hijos que por una vía u otra se han visto afectados, ya sea porque se han visto contagiados o por ser contacto estrecho».