Abengoa ha tenido que acogerse a una nueva prolongación del plazo -hasta el 15 de octubre- para cerrar el plan de salvación de la compañía ante la dificultad para lograr la aportación de la Junta de Andalucía. Un obstáculo que, de no salvarse, puede abocar a la empresa tecnológica y energía a tener que acceder al concurso de acreedores.

El grupo que preside Gonzalo Urquijo cuenta para esta prórroga con los bancos acreedores (Santander, BBVA, Caixa-Bankia y Bankinter, así como con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), con el objetivo de que Abengoa pueda poner en marcha una nueva etapa. Pero todo se ha complicado.

La empresa esperaba una aportación de 20 millones de euros del Gobierno autonómico (de los 500 totales del plan), pero la junta ha señalado que no tiene mecanismos ni entes públicos para dar esa inyección de liquidez.

No ha sido suficiente para Abengoa haber resuelto favorablemente el conflicto legal que le enfrentaba con accionistas minoritarios, quienes se oponían a los acuerdos con  los acreedores con el argumento de la fuerte dilución de sus participaciones. Si bien ese colectivo -AbengoaShares- ha manifestado que recurrirá la decisión del juzgado de lo mercantil número 1 de Sevilla, la decisión de Juan Manuel Moreno es ahora su principal problema.

No obstante, Abengoa tiene capacidad para presionar: es, aunque ya no es lo que era, una compañía emblemática de esa comunidad. Y de los 14.000 personas que componen su plantilla, 2.000 trabajan en Andalucía.

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