El déficit del conjunto de las Administraciones públicas se situó en el 6,5% del PIB hasta el mes de julio, mientras que el del Estado escaló hasta el 5,4% hasta agosto, según los datos de ejecución presupuestaria publicados este miércoles por el Ministerio de Hacienda, que muestran el impacto de la pandemia en las cuentas públicas.

Hasta julio el déficit conjunto de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, fue de 73.128 millones, lo que equivale al 6,54% del PIB.

Por su parte, en los ocho primeros meses del año, el déficit del Estado se situó en 60.295 millones, lo que equivale al 5,39% del PIB. Si se deduce el efecto del gasto en intereses (déficit primario), la cifra se sitúa en el 4,02% del PIB.

La evolución del déficit del Estado hasta agosto se explica por una bajada de los ingresos del 13,9% como consecuencia de la situación económica derivada de la crisis sanitaria; mientras que las medidas para paliar dicha crisis han provocado un aumento del gasto del 18,9%, hasta los 170.775 millones.

Un incremento derivado, fundamentalmente, del aumento de programas sanitarios, así como, en las mayores transferencias a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas, según destaca Hacienda.

La Seguridad Social, el 0,69% del PIB

La Seguridad Social registró un déficit de 7.690,8 millones de euros hasta agosto, el equivalente al 0,69% del Producto Interior Bruto (PIB), según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Este saldo negativo es consecuencia de unos ingresos de 108.059,4 millones de euros, un 11,5% más, y unos gastos por valor de 115.750,3 millones de euros, un 11,3% más que en el mismo periodo de 2019.

Del volumen total de ingresos, el 92,25% corresponde a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y el 7,75% restante a las mutuas. En cuanto a los gastos, el 88,5% ha sido reconocido por las entidades gestoras y el 13,5% por las mutuas.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema alcanzó los 106.016,6 millones de euros hasta agosto, con un incremento del 11,7% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, los pagos presentaron un aumento del 11,3%, hasta los 115.635,1 millones de euros.

Los ingresos por cotizaciones sociales sumaron 78.928,8 millones de euros hasta agosto, un 4% menos que en 2019, como consecuencia de la menor recaudación en las cotizaciones de los ocupados, que bajaron un 6,7%, ya que las de los desempleados se incrementaron algo más de un 41,9%.

El Ministerio explica que la caída en los ingresos por cotizaciones de ocupados se debe a las distintas medidas que el Gobierno aprobó durante el estado de alarma para hacer frente a la pandemia, como la exoneración de cuotas para las empresas acogidas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor y para los autónomos perceptores de la prestación extraordinaria por cese de actividad.

A ello hay que sumar la concesión de moratorias en el pago de las cotizaciones a las que se han podido acoger las empresas y los trabajadores por cuenta propia y las devoluciones de las cuotas de los autónomos beneficiarios de la prestación por Covid-19.

Hasta agosto, las transferencias corrientes ascendieron a 28.334,7 millones, lo que representa un incremento del 110%. Dentro de este apartado, la partida más significativa es la correspondiente a las transferencias del Estado y organismos autónomos, que suma un total de 25.896,4 millones, más del doble que en el mismo periodo de 2019 (+139,5%).

Este incremento se debe a la transferencia de 14.002,59 millones de euros que el Estado ha concedido a la Seguridad Social para equilibrar el impacto derivado del coronavirus en sus cuentas.

Entre enero y agosto, las prestaciones económicas a familias e instituciones se situaron en 105.829,5 millones, un 8,6% más respecto al mismo periodo de 2019 y cifra equivalente al 91,4% del gasto total realizado en el sistema de Seguridad Social. La mayor partida, 98.200 millones de euros, corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un crecimiento interanual del 9,1%.

En concreto, a las pensiones contributivas (invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) se destinaron casi 84.545 millones de euros, un 3% más, tras aumentar el número de pensionistas (+0,22%), elevarse la pensión media en un 2,07% y revalorizarse las pensiones un 0,9% este año.

Para las prestaciones en concepto de nacimiento y cuidado de menor, corresponsabilidad en el cuidado del lactante, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural y cuidado de menores por cáncer u otra enfermedad, se destinaron 1.936,8 millones, lo que representa un incremento interanual del 14,6%.

Por su parte, el gasto en incapacidad temporal (IT) aumentó un 25,5%, hasta los 7.442,8 millones, siendo el gasto registrado en IT por contingencias profesionales de 1.115,6 millones, un 63,7% más, debido al impacto de los procesos con origen en el coronavirus.

El gasto en ayudas por el cese de actividad de los autónomos totalizó a cierre de agosto los 3.926,1 millones de euros, frente a los 9,6 millones de euros del año anterior, debido al gasto en la prestación extraordinaria para autónomos, a la que se destinaron 3.680,9 millones de euros.

Por su parte, el gasto en pensiones y prestaciones no contributivas, incluidos los complementos por mínimos de las contributivas, avanzó un 1,7%, hasta rozar los 7.629 millones de euros.

Dentro de esta cantidad, a pensiones no contributivas y complementos por mínimos se dedicaron 6.084,3 millones, mientras que a subsidios y otras prestaciones se destinaron 1.544,6 millones, de los que 1.497,4 millones corresponden a prestaciones familiares y al Ingreso Mínimo Vital.

Los gastos de gestión descendieron casi un 1,3% hasta agosto, en tanto que los gastos de personal se incrementaron un 4,5%; los gastos corrientes de bienes y servicios disminuyeron un 11%, y los gastos dedicados a inversiones retrocedieron casi un 1%.

El Ministerio ha explicado que el aumento de los gastos de personal se debe principalmente al cambio de criterio en la imputación de las cuotas de empleadores devengadas en diciembre. Así, hasta 2018 estas cuotas se aplicaban al ejercicio cerrado, pero a partir de 2019 se han imputado, al igual que los restantes meses del año, en el mes siguiente al de su devengo y, por tanto, al presupuesto del ejercicio 2020.