El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía, Luis de Guindos, declara como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama y asegura que en mayo de 2017, a un mes de la resolución del Banco Popular, se reunió con cinco de los grandes bancos para sondear su posible interés en adquirirlo, si bien todos ellos descartaron presentar una oferta.

De Guindos era partidario de que se hiciera público el informe de Deloitte para la Junta Única de Resolución (JUR) que avalaba la resolución de Popular frente a otras alternativas. Pero que la JUR optó por no hacerlo.

Durante su comparecencia, que se ha prolongado por cuatro horas, De Guindos ha explicado que siendo él ministro de Economía, cuando se produjo la resolución del banco y su posterior venta al Santander por un euro, se tomó esa decisión para evitar el rescate de los depositantes de la entidad.

El propósito de esa resolución y venta era que el Popular pudiera seguir abriendo sus puertas a sus depositantes y clientes, porque la otra alternativa hubiera sido acometer un rescate del banco con dinero público, que habría conllevado una elevada emisión de deuda para garantizar su funcionamiento y los depósitos.

El juez Calama investiga las presuntas irregularidades que llevaron a la resolución y posterior venta del banco, y lo hace en dos fases del proceso: las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital de más de 2.000 millones de euros, y las filtraciones a prensa de un año después que habrían provocado la resolución a mediados de 2017.

Sobre esa segunda fase, De Guindos ha declarado este miércoles que él y la entonces secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, contactaron con los organismos públicos para intentar frenar la retirada de depósitos, pero fue imposible, porque dichas instituciones cuentan con sus propios criterios, plasmados en sus estatutos, para preservar sus inversiones.