Por más que las derechas se esfuercen en amplificar los problemas con su política de chascarrillo de taberna, la forma de Estado preocupa mucho menos a los españoles que la salud (y las deficiencias e insuficiencias del sistema sanitario), el desempleo, la vivienda, la escuela, las pensiones y, desde luego, el tener algo en la nevera a la hora de comer. De ahí que el jefe del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, acertara de lleno al ignorar la verborrea del líder del PP, Pablo Casado, en supuesta defensa del Rey, la Monarquía y las dinastías. Sánchez contestó a la pregunta de Casado, aplazada desde la semana pasada, que el Ejecutivo protege el presente y el futuro de los españoles con las medidas sociales y económicas que adopta. Citó los últimos acuerdos para mantener las ayudas a los autónomos, prolongar los Ertes y ayudar a las empresas. Pidió unidad y cooperación frente a la pandemia y solicitó al PP que desbloquee la renovación del Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el de Cuentas.

Puesto que Casado le acusó de “mentir” cuando, en su toma de posesión, prometió guardar y hacer guardar la Constitución “con lealtad al Rey”, “y lleva dos años –dijo– siendo desleal por tolerar los ataques de su Gobierno al jefe del Estado”, Sánchez no tuvo más remedio que replicarle sin entrar en la cuestión: “Aparte de insultar, usted difunde amenazas ficticias y se erige en defensor de la Corona. Vaya con cuidado, que también se erigieron en máximos defensores de la unidad de España y ya ve cómo acabaron en Cataluña”. Eso le dijo.

Aunque Sánchez evitó convertir la Monarquía en objeto de debate político, el número dos del PP, Teodoro García Egea, amigo del chascarrillo y enemigo del rigor, volvió a la materia contra Pablo Iglesias, al que acusó de practicar una política de “insultos al el Rey e indultos a los independentistas”.  Es tremendo. El vicepresidente siguió la línea de Sánchez y se limitó a contestar: “Están haciendo muchísimo daño a la monarquía parlamentaria”. Pero no acabó ahí la cantinela porque la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se sumó por bulerías contra Iglesias. “Atacan al Rey y quieren convertir a España en una república bananera”, le espetó. Tremendo. Iglesias se limitó a recordarle las tesis del presidente francés, el centrista Macrón, sobre la ultraderecha, en contraste con los pactos de los supuestos centristas españoles de Ciudadanos para gobernar con ella.

Al margen de las proclamas monárquicas de las derechas, sobre lo que importa, el fondo europeo de recuperación, el presidente Sánchez anunció la convocatoria de la Conferencia de Presidentes autonómicos a finales de octubre o primeros de noviembre, con presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyden, sobre el uso, destino y ejecución de los 140.000 millones que corresponden a España. En respuesta al vasco Aitor Esteban, el jefe del Gobierno se comprometió a remover los obstáculos legales para facilitar la cogobernanza con los ejecutivos autonómicos sobre los proyectos y empresas financiables. Afirmó que se beneficiará al sector industrial, entre otros, y no sólo a las grandes empresas. Sánchez, que ya ha mantenido conferencias autonómicas específicas sobre la cogobernanza de la reconstrucción, constituirá una Comisión de Seguimiento y presidirá la Comisión Interministerial encargada de aprobar los proyectos, cuyo examen y evaluación realizá la Conferencia Sectorial presidida por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. De momento, como recordó el interpelante del PNV, el Gobierno ha presentar “la percha”, las líneas generales de actuación el 15 de octubre en Bruselas.

La vicepresidenta Calviño aprovechó la pregunta del diputado del PP Mario Garcés sobre los pésimos indicadores económicos — “estamos los últimos, no hay nadie detrás”, dijo– para cifrar el crecimiento trimestral en el 10% y destacar el flaco favor que el líder Casado hace a España cuando acude a Bruselas a “sembrar dudas (entre los conservadores) sobre la gestión de los fondos de reconstrucción”. “El patriotismo –añadió Calviño– no consiste en agitar banderas y gritar viva el rey”. Luego ya, el pleno del Congreso registró la buena disposición del grupo de Euskal Herria Bildu a negociar y respaldar unos Presupuestos Generales del  Estado de carácter social y progresista para la mayoría de los ciudadanos españoles, según afirmó su portavoz Mertxe Aizpurua en su pregunta a Sánchez. De momento ha terminado septiembre sin que el Gobierno haya cumplido el precepto ordinario de llevar el Presupuesto al Congreso antes del día 30. Y dada la situación preelectoral en Cataluña y el peaje que tendría que pagar Esquerra por apoyar las cuentas del Estado en Madrid, vale suponer que el asunto irá para largo.