Los nombramientos y ceses de los cargos públicos se acostumbraban a publicar en el Boletín Oficial del Estado. Así lo esperaba la Mesa del Parlament para poder cumplir la sentencia del Tribunal Supremo en la cual inhabilitaba al president de la Generalitat Joaquim Torra. Sin embargo el Gobierno requirió a la abogacía del Estado si se podía prescindir de este trámite y la respuesta fue que no lo consideraba necesario. Así pues Torra será un president que fue nombrado y nunca fue protocolariamente cesado en el primer diario del país.

La pregunta es por qué Pedro Sánchez se ha resistido a firmar el decreto por el que se cesaba al president de la Generalitat. Aparentemente es un formalismo para la historia, pero que lleva la firma del Rey y del presidente del Gobierno. Las respuestas pueden ser varias. Una es que ha preferido esperar el recurso que los abogados de Torra han presentado ante el Tribunal Constitucional reclamando que se suspenda de manera cautelar y urgente la inhabilitación hasta que se resuelva el recurso. Ja justificación es el daño irreparable que causa al condenado en el caso de que el alto tribunal le de la razón. Este tribunal ha fijado para el próximo día 6 estudiar el caso. Cabe considerar que en casos similares el Constitucional ha aceptado siempre el suspender la ejecución de la inhabilitación, pero en estos momentos pocos dan un duro para que mantenga esta filosofía.

Otra razón que puede haber influido en la decisión del presidente es que no quiere avalar con su firma la destitución de un presidente de la Generalitat, que tal como están las cosas el horno no está para más bollos.

Pero cabe una tercera hipótesis. Dado que el abogado de Torra, Gonzalo Boyé que como se sabe no da puntada sin hilo, ya ha anunciado que este caso, como los otros que lleva del procés, acabarán en los tribunales europeos, bien el de Justicia de la UE o el Derechos humanos o en ambos a la vez. Y si hacemos caso de los numerosos juristas que han denunciado las irregularidades en el proceso que ha llevado a la destitución de Torra, no es descartable que justicia europea de la razón a los que se la han quitado los tribunales españoles. Y en este caso el presidente del Gobierno no habría avalado con su firma lo que podría ser no sólo una injusticia si no otra desautorización a los tribunales españoles.

Ahora lo que hace falta saber es si el Tribunal Constitucional actuará con la celeridad con la que se ha celebrado todo el proceso contra Joaquim Torra o, tras admitir a trámite el recurso, lo dejará reposar en el almacén de polvo,  como ha hecho con casi todos los casos que afectan al procés, para retrasar el acceso a los tribunales europeos.