Si alguien en alguna administración española ha demostrado una capacidad absoluta para la mudabilidad ofídica de criterios es la ministra de Hacienda, la señora Montero. Ya dedicamos aquí dos entregas sobre el birlibirloque que pretendió hacerles a los ayuntamientos, para quedarse con sus ahorros forzosos. Tras la derrota cantada de esa fórmula, la reacción no es la esperable de alguien que andaba entonces tan preocupada con la finanzas municipales. Ahora ha decidido que se suspenda el Artículo 135.2 de la Constitución Española, apoyándose en una norma comunitaria transitoria y da vía libre a los municipios para que gasten sus ahorros en lo que quieran y como quieran durante dos años. ¡Viva la Pepa!

Pero ya puestos a suspender, ¿para qué quedarse en los ayuntamientos? En realidad, la aparatosa renuncia a esquilmar a las administraciones locales le vale como justificación para hacer saltar en añicos la disciplina presupuestaria, mediante la suspensión de las reglas de déficit y de techo de gasto. Esta autoconcesión de manos libres permite dos cosas evidentes. La primera, prometer lo que sea necesario en materia de gasto a todo aquel que apoye los presupuestos. Da igual que lo que pidan unos sea contradictorio u opuesto a lo que pidan otros. Hay barra libre y cada uno que se eurotice con el elixir que quiera.

La segunda es aún más disruptiva. Los mecanismos de gasto y el propio control de gastos queda fuera del alcance de escrutinio del Congreso de los Diputados y del Senado. Sin objetivo de déficit, ¿quién va a pedir cuentas si el desequilibrio crece y crece gracias a la largueza del Ministerio de Hacienda?

Voy a dar unos datos de contexto, con perdón, y lo hago en cantidades absolutas porque cualquier referencia al Producto Interior Bruto, en las circunstancias catastróficas actuales es perfectamente inútil. Veamos.

La Administración Central, en el mes de junio de este año acumulaba una deuda de 1,158 billones de euros, con un incremento en el semestre de 97.571 millones de euros. Esto supone, en media mensual, 16.261 millones. Si a eso añadimos la deuda de las empresas públicas del Estado, que alcanza los 31.990 millones (2.671 millones más que al empezar el año) con una sencilla suma de la Casio, tenemos redondeados por abajo los 100.000 millones de euros de deuda acumulada en seis meses.

Ya no más cifras,¿para qué? La cuestión está en si alguno de los ocasionales lectores de este artículo han oído hablar en alguna de los dos cámaras nacionales sobre este asunto. Estoy dispuesto a rectificar si ha habido alguna intervención. El modelo de gestión que preconiza el Ministerio de Hacienda y el modelo que acepta la desnortada oposición es este. Gastar a manos llenas y gastar sin control. La ocasión la pone, hoy, la pandemia. El año que viene la pandemia y la crisis y los sucesivos, la pandemia (aunque se haya acabado) la crisis y la voluntad de gastar y no ser controlado. Siempre con la señora Montero de cantinera de la barra libre, que en su facultad de medicina no daban Hacienda Pública ni otras asignaturas molestas.