El Gobierno, desarbolado y sin norte, ha procedido apresuradamente y sin debate a rehabilitar el Impuesto sobre Patrimonio, con una formulación y unas cuantías que lo convierten en una caricatura del Impuesto sobre las Grandes Fortunas anunciado reiteradamente por el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ya en el tiempo de descuento, con las elecciones generales a la vista, se recupera un instrumento impositivo que, además de su escasa incidencia recaudatoria, vuelve a centrarse en la clase media alta y acomodada, pero que no como se había anunciado en las grandes fortunas. Como señalaba en una conversación con periodistas la Vicepresidenta Económica del Gobierno, elevar el mínimo exento hubiera reducido aún más el número de contribuyentes y la recaudación previsible.

Lo lógico hubiera sido pensar en una reforma de nuestro sistema fiscal en términos de equidad y progresividad, revisando aquellos impuestos que fuera necesario para acabar con bolsas de fraude, con opacas sociedades gestión patrimonial, con todos los instrumentos y triquiñuelas fiscales que hacen posible que las grandes fortunas, los más ricos, acaben contribuyendo en menor medida que el ciudadano que vive de una renta del trabajo al sostenimientos de las cargas comunes.

Una propuesta de este tipo, incorporada al programa electoral hubiera servido para promover el debate en la sociedad y probablemente hubiera actuado también como elemento movilizador de una parte del electorado de izquierda. Sin embargo, con la decisión adoptada de forma precipitada y tras una sucesión de declaraciones contradictorias, el Gobierno ha dado paso a la decepción de su electorado y, en cierta medida, ha dejado al pie de los caballos a su candidato, quien de forma reiterada había hablado y anunciado un impuesto sobre las grandes fortunas.

Por razones éticas, e incluso estéticas, pedir a los más afortunados, a los ricos, que hagan un esfuerzo solidario y contribuyan en una mayor medida al sostenimiento de la casa común parece una salida lógica en la actual coyuntura, máxime cuando muchos de los ciudadanos están sufriendo las consecuencias de una crisis que les es ajena. Unos han perdido su trabajo, otros han visto reducidos sus ingresos y todos, amenazado el nivel de bienestar alcanzado en los últimos decenios.

Los ricos españoles no han tenido la generosidad, la solidaridad y el patriotismo de sus pares de Estados Unidos. Alemania y Francia, que han adelantado su disposición a pagar más impuestos para afrontar la crisis. Pero también parece ser que los políticos españoles tienen un cierto temor a incomodarles y a pedirles que arrimen el hombro más allá de los gestos simbólicos.

En definitiva, que una propuesta digna de ser debatida en profundidad y sometida al voto ciudadano, se ha quedado en una decepcionante y demagógica medida, que con todo seguridad tendrá un coste electoral para el PSOE.