Sin entrar en las consecuencias políticas de la inhabilitación de Quim Torra como presidente de la Generalitat, a nivel personal no cabe duda de que el principal beneficiado de la decisión judicial ha sido el propio inhabilitado.

Así, por obra y gracia de una sentencia tan justa y fundada como merecida, resulta que el que ha sido el presidente más nefasto y más inepto, el hombre que ha arruinado sanitaria y económicamente a Cataluña, un personaje caracterizado por su xenofobia va a salir del gobierno autonómico como un mártir de la independencia y sin haber pisado la cárcel, salvo para visitar a sus compañeros presos.

Eso, además de haber percibido durante todo este tiempo un sueldo de 153.000 euros anuales, de los que ahora va seguir percibiendo un 60 por ciento -92.000 euros- de por vida, además de extras para gastos y disponer de una oficina propia con secretaria, chófer, guardaespaldas y coche oficial, todo a cargo de los ciudadanos catalanes que son los que con sus impuestos pagan las instituciones y sus privilegios.

Privilegios para un ya expresidente que fue designado por un huido de la Justicia, el golpista Puigdemont, que ni siquiera tuvo la gallardía y la coherencia de afrontar las consecuencias de sus actos, como si hizo su vicepresidente Oriol Junqueras, al que hay que reconocerle ese acto de congruencia con su ideología y sus principios, aunque no se compartan ni se asuman.

Un Quim Torra que ha dedicado todo su mandato a ser la voz de su amo y que no abandona el cargo por renuncia o por derrota parlamentaria como exigen las reglas del juego democrático, sino por la inhabilitación de un juez, el primero en la historia de la autonomía, y no por razones de ideología, principios o libertad de expresión, como argumentan sus acólitos, sino por haber vulnerado la legalidad y desobedecido a la Justicia, en contra de lo que exigen la legalidad vigente y el Estado de Derecho.

Cierto es que es lo que legítimamente le corresponde de acuerdo con la Ley 6/2003, del 22 de abril, que regula los estatutos de los expresidentes del gobierno autonómico catalán, pero hay ocasiones en que las leyes no se corresponden con la moralidad y debería obligar a una modificación legislativa para abolir el derecho a esas prebendas a quienes han vulnerado la legalidad y por ello ha sido condenado.

Eso por lo que hace al futuro personal del inhabilitado, mientras que en el devenir político de la región no cabe duda de que el gran beneficiado es ERC, cuyo máximo representante en el gobierno catalán, Pere Aragonés, asume la presidencia de forma interina, y un partido que se encuentra ahora en el dilema de decidir entre apuntarse al llamamiento de Torra para convertir las obligadas elecciones autonómicas en un referéndum por la independencia oseguir dentro de la coalición Frankestein, apoyando a Pedro Sánchez y a sus presupuestos del Estado.

Por cierto, que entre voces autorizadas del PSOE se confirman ya los rumores de que desde la Presidencia del Gobierno se está intentando catapultar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a ocupar la silla que deja ahora vacía Torra. Un objetivo al que responde su protagonismo en la campaña de acoso a Madrid. Piensan en Moncloa que nada puede ser mejor aval para su candidato que el haber contribuido a encerrar a los madrileños y a empobrecer a la Comunidad que con unas políticas económicas serias, eficaces y de apoyo a las empresas ha conseguido desbancar a Cataluña en el podio de PIB, renta per cápita, atracción de inversiones, seguridad jurídica y creación de empleo, sin abandonar la inversión en los servicios sociales y atención al ciudadano. Es decir, la primacía de los intereses personales, partidistas y del revanchismo sobre el sentido del Estado y la obligación de servicio España y el deber de trabajar por seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos españoles. Triste, pero cierto.