10/10/2020: Por rectificación de la fuente (UGT), corregimos algunos datos incluidos en esta noticia en su redacción original.

Unos 635.000 trabajadores han sido obligados a abandonar el mercado de trabajo en 2019, una parte de los cuales pasaron a engrosar, de forma anticipada, el colectivo de jubilados, según datos ofrecidos por UGT, el sindicato que, el próximo 13 de octubre, acudirá junto a CCOO y los empresarios de CEOE y Cepyme a una cita con el Gobierno donde este espera darle un empujón a la reforma de las pensiones.

UGT cifró hoy en 635.000 el número de trabajadores que en 2019 se vieron obligados a retirarse del mercado de trabajo, pasando al paro y, una parte de ellos, a la jubilación anticipada. En 2019, según datos de la Seguridad Social, el número total de nuevas altas de jubilación apenas superó las 300.000, incluyendo tanto estas jubilaciones anticipadas, como las que se realizaron a partir de la edad legal de jubilación.

El sindicato, preocupado por la intención del ministro de endurecer la jubilación anticipada, lanzó hoy esta cifra con la idea de que España debe aumentar el gasto en pensiones, y no dejar desatendidos a los trabajadores que, en la recta final de su carrera laboral, sufren un despido y no encuentran ya trabajo.

“No podemos decir que gastamos mucho en pensiones”, cuando España gasta en torno al 10% del PIB, frente al 12% de Alemania, el 14% de Fancia o el 16% de Italia, dijo el líder del sindicato Pepe Álvarez en Radio Nacional.

El Congreso ultima sus trabajos

Hoy el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reiteró en el Congreso las líneas maestras de su plan para sacar de números rojos el sistema de Seguridad Social, y asegurar su supervivencia en el tiempo.

Escrivá, ante la comisión de Trabajo del Congreso, aclaró que el techo de gasto presentado recientemente por el Gobierno contiene una provisión para que, finalmente, el Estado se haga cargo de los gastos impropios que el sistema de Seguridad Social soporta, con el dinero de las cotizaciones.

Se trata de un primer paso en el camino para que el Estado pague con impuestos, y no con cotizaciones, los 23.000 millones de euros que, sin corresponder a sus funciones, hoy día soporta la Seguridad Social con las cuotas de empresarios y trabajadores.

De este modo, y retrasando la edad real de jubilación, el ministro confía en reconducir un déficit disparado del 2% del PIB este año, al 1,3% al final de la legislatura.

Preocupación sindical

Pero los planes de Escrivá para retrasar la edad de jubilación preocupan hondamente a los sindicatos. Escrivá defiende que las penalizaciones a la jubilación anticipada, y los incentivos al retraso de la jubilacion, están “mál diseñados”. Y que penalizan a los que menos tienen, respecto a los salarios más altos.

En detalle, los trabajadores que adelantan su jubilación antes de la edad legal (este año, 65 años y 10 meses), sufren una penalización que merma su pensión, entre un 6% y un 8% por cada año de adelanto.

Sin embargo, los salarios más altos que optan por adelantar esta jubilación, sufren una penalización menor, según algunas estimaciones, y, en la práctica, solo estarían soportando una penalización del 2%.

Corregir este desvío e incentivar mejor el retraso voluntario del retiro, más allá de la edad legal de jubilación, de tal modo que se beneficie más a los trabajadores que decidan seguir trabajando una vez traspasada esa edad, son los ejes de la nueva reforma que se propone además formentar los planes de pensiones entre las personas “con rentas bajas y medias”, a través de los llamados planes de empleo con las empresas.

Exigencia de la UE

Escrivá ha recordado que la Unión Europea (UE) exige a los Estados que quieran hacer uso del multimillonario plan de reconstrucción frente al coronavirus, actuar sobre sus puntos de mejora, y este de las pensiones es uno de los que están identificados para España.

“Tenemos que explicar qué vamos a hacer con las pensiones, es una de las reformas estructurales que se han identificado”, dijo tras destacar la oportunidad del pacto que se está cociendo en la comisión del Pacto de Toledo del Congreso, dedicada a velar por la buena marcha del sistema.

“No hay mejor momento que este para cerrar el consenso”, remachó, quien espera ya a los sindicatos y empresarios el próximo martes, 13, con ánimo de lograr nuevos apoyos a las líneas maestras de su plan, que, de este modo, lograría más fácilmente concitar apoyos en el Congreso, una vez que la comisión del Pacto de Toledo emita sus recomendaciones.