Alcoa desafía al Gobierno y a la Xunta de Galicia al decidir que aplica un despido colectivo para 524 empleados de la fábrica de San Cibrao, en Lugo. También ha anunciado que hibernará las instalaciones de electrólisis de la planta. La multinacional estadounidense del aluminio se acoge al expediente de regulación de empleo (ERE) cuando el Gobierno ha decidido consultar a la Abogacía del Estado para la intervención de la empresa, operación para la que cuenta con el apoyo de Feijoo. 

El argumento que se esgrime es que la planta de Lugo es estratégica, y no solo para el empleo de Lugo. Si bien el Ministerio de Industria estudia otras vías. Analiza también reclamar a la multinacional las ayudas públicas recibidas. Reyes Maroto, titular del departamento, ha señalado que a Alcoa solo le interesa recibir las subvenciones públicas.

Mientras, la dirección de Alcoa, desde Estados Unidos, optó activar un ERE para 524 empleados de la planta lucense de San Cibrao. La hibernación, que será ordenada, supone, por otro lado, que no se da por concluida la venta de la empresa, ya que apagar las cubas no tiene  vuelta atrás. Alcoa ha señalado que no ha sido posible el acuerdo de venta a Liberty.

Si bien añade que la factoría no es viable por factores estructurales y destaca, como siempre, la falta de marco energético competitivo en España, así como la sobrecapacidad mundial en la producción de aluminio y la caída de los precios. Y subraya que en el año ha obtenido pérdidas de 45 millones de dólares, que se suman a las de 126 millones en 2018 y 2019. Alcoa pagará indemnizaciones de 30 días por año  hasta un máximo de doce mensualidades a los empleados afectados y contratará planes de recolocación externa para darles nuevas oportunidades.