La reforma ‘exprés’ para modificar la ley actual de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se plantea con la proposición de ley anunciada por los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, ha sido recibida con críticas tanto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones, que lo califican de «inconstitucional», a excepción de Juezas y Jueces por la Democracia que lo ve como alternativa al bloqueo actual.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM)  se muestra contraria a esta reforma, y su portavoz Manuel Almenar considera que es una modificación «abiertamente inconstitucional» porque infringe lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución que fija las mayorías cualificadas necesarias en las Cortes.

Además, añade que la vía de la proposición de ley también «plantea serias dudas de inconstitucionalidad» porque al evitar el cauce del proyecto de ley se eluden trámites preceptivos como son los informes del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de Estado, «algo básico en la cuestión».

No se puede plantear una reforma del sistema de nombramientos y que ésta tenga carácter retroactivo. En este sentido, ha recordado al Gobierno que el proceso de renovación del órgano se inició hace dos años, y las reformas son a futuro, no sobre procesos iniciados.

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Jorge Fernández Vaquero ha sido tajante también al apuntar que la reforma de esta ley orgánica es un «despropósito» y va «en sentido contrario a las recomendaciones que se hacen desde Europa para fortalecer el Estado de Derecho».

Desde JJpD han defendido sin embargo que si bien lo más adecuado es renovar el CGPJ con la ley actual, ven «lógico» que el Gobierno tenga un plan alternativo para desbloquear la situación en caso de que no haya acuerdo entre PSOE y PP.

Así, lo ha señalado su portavoz, Ascensión Martín, quien ha insistido en que ambos grupos políticos deberían ponerse de acuerdo antes de acometer la reforma, pero ve normal que se prepare un plan alternativo dado que el órgano lleva en funciones casi dos años.

«No es deseable que haya ninguna reforma legal porque el país debe emplearse en la pandemia, pero si llega enero y se niegan a renovar, deberá actuar», ha apuntado, añadiendo que desde su asociación ven adecuado que la ley se mejore pero tras el acuerdo.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra,  cree que la reforma para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constituye un «fraude» porque se hace a través de una proposición de ley para sortear los informes de órganos consultivos. Tras avisar que el PP no lo va a «consentir» y recurrirá al Tribunal Constitucional y a Europa, ha recalcado que este paso evidencia las «conductas autoritarias y dictatoriales» del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado que la reforma es «vergonzosa» y supone un «mazazo» a la separación de poderes. Por ello, apuesta por recurrirla ante el Tribunal Constitucional si el Congreso de los Diputados acaba aprobándola.