El Círculo de Empresarios, ‘lobby’ empresarial presidido por John de Zulueta, ha reclamado hoy la creación de un contrato temporal anticrisis, que suspenda la obligación de las empresas de justificar su uso, en lugar de la modalidad indefinida, mientras dura la pandemia de coronavirus y se relanza la economía.

Se trataría de “un contrato extraordinario para una situación extraordinaria” que permita a las empresas recurrir a la modalidad temporal de contratación sin necesidad de justificar su uso, más allá de la propia situación de incertidumbre económica, y beneficiándose del menor coste y la mayor simplicidad a la hora de prescindir de un trabajador.

La propuesta, incluida en el documento Ideas para mejorar el mercado laboral lanzado hoy por los empresarios, recuerda el contrato de fomento del empleo lanzado en los años 80, “que tanto éxito tuvo en la creación rápida de empleo”, afirman los empresarios en este documento elaborado por el abogado laboralista Íñigo Sagardoy.

Sin embargo, una vez se supere la crisis, los empresarios admiten que España debe luchar contra el abuso en la contratación temporal, en principio reservada para picos de producción, y piden incluso a los poderes públicos “una decidida actuación contra el fraude” que cometen las empresas cuando recurren al contrato temporal y su necesidad es fija.

Además los empresarios proponen otras medidas, como la adopción de la llamada mochila austriaca, que combine la indemnización por despido ligada a la antigüedad con una cuenta de ahorro individual en favor del trabajador, acumulable a lo largo de toda la vida laboral, así como la reordenación del sistema de incentivos al empleo.

Contrato temporal anticrisis

Los empresarios plantean un resorte legal que les permita contratar a un trabajador de forma temporal sin otra causa que la propia incertidumbre causada por la pandemia.

Un nuevo régimen jurídico “transitorio” para la contratación temporal, que duraría 12 meses, suavizando las obligaciones de las empresas, a fin de “estimular eficazmente la creación de empleo en todos los sectores”, sostienen.

Los contratos temporales anticrisis tendrían una duración entre uno y 12 meses y gozarían de un régimen jurídico “flexible” con la posibilidad de convertirse luego en indefinidos y con incentivos o ahorros en los pagos a la Seguridad Social.

“Sería una especie de ‘contrato de fomento del empleo’ similar al que se creó en los años 80 y que tanto éxito tuvo para la creación rápida de empleo derivada de la crisis por su flexibilidad y facilidad administrativa”, reiteran.

Mano dura contra la temporalidad

Los empresarios, sin embargo, admiten que España tiene un problema con el uso indiscriminado de los contratos temporales, en principio reservados a situaciones especiales, y piden al Gobierno una “actuación decidida” para acabar con el “fraude” en la contratación.

Para ello, reclaman que todos los contratos temporales tenga un “origen causal”, así como limitar su encadenamiento a 24 meses, si bien, continúan, habría que superar los actuales “rígidos moldes” que encorsetan la utilización por las empresas de los contratos por obra o servicio, eventual o interinidad.

Además, reclaman reducir a tres el número de modalidades de contratación, con un contrato de formación o aprendizaje que acompañe a los formatos indefinido y temporal, mientras se clarifican a su vez los criterios para elegir a las personas que se benefician de las bonificaciones; razón que explica la actual complejidad contractual, afirman.

Por último, piden cambios en el sistema de indemnización por despido, con la adopción progresiva de un nuevo sistema que combine el sistema actual, ligado a la antigüedad, con la creación de una cuenta de ahorro individual en favor del trabajador, que pagaría el Estado en el caso de remuneraciones “limitadas por el salario mínimo interprofesional”.

Los empresarios reclaman también la prolongación de los ERTE más allá del 31 de enero como forma de mantener el empleo. Y que las pymes puedan suspender contratos con mayor facilidad cuando atraviesan dificultades derivadas de la pandemia, así como otras medidas, como la compatibilidad de empleo y prestación entre 3 y 6 meses a la salida de un ERTE, más inversión en formación y recualificación profesional, y más ayuda a los desempleados en su búsqueda de empleo.